El Gobierno argentino declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista
Argentina ratificó la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta determinación, comunicada por la administración central, conlleva repercusiones inmediatas en las áreas de seguridad, diplomacia y justicia, estableciendo la prohibición para que dicha estructura opere dentro del esquema financiero de la nación.
Consecuencias financieras y control operativo
A partir de este anuncio, las entidades de control locales quedan facultadas para identificar y proceder al congelamiento de cualquier activo perteneciente a la organización. El objetivo de las autoridades es profundizar las tareas de inteligencia y supervisar posibles conexiones de la entidad en territorio argentino, en sintonía con las políticas de cooperación con aliados externos.
La disposición se da en un escenario de escalada bélica en Oriente Medio que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos. No obstante, el sustento de la medida para el Poder Ejecutivo se apoya en los antecedentes judiciales de los ataques contra la AMIA y la Embajada de Israel, cuyas líneas investigativas apuntan a la cúpula del régimen de Teherán.
Vínculos con el atentado a la AMIA
La organización, fundada en 1979, posee una rama de operaciones externas denominada Fuerza Quds, la cual es considerada por la justicia como la pieza de articulación de milicias fuera de sus fronteras. Por esta razón, Estados Unidos ya la había incluido en su nómina de terrorismo durante el año 2019.
En el ámbito de la causa AMIA, la figura de Ahmad Vahidi resulta determinante, ya que el actual comandante de la fuerza cuenta con una orden de detención internacional vigente. Las investigaciones locales sostienen que la organización fue una pieza operativa clave en la ejecución del atentado contra la mutual judía, actuando en conjunto con Hezbolá.
Refuerzo de la seguridad nacional
La oficialización de esta medida permite a los organismos de seguridad locales incrementar la vigilancia sobre flujos económicos que pudieran sustentar acciones delictivas. Asimismo, la decisión reafirma el posicionamiento de Argentina frente a sus compromisos internacionales y el pedido de justicia por los ataques sufridos en su suelo.
Con este anuncio oficial, el Gobierno busca mitigar cualquier intento de expansión de la influencia iraní en la región, especialmente ante el rol que la Guardia Revolucionaria ha tomado en conflictos recientes mediante la utilización de tecnología de drones y misiles.