Régimen Penal Juvenil: oficializan la baja de la edad de imputabilidad
El Gobierno nacional oficializó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil a través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa, bajo la Ley 27801, establece que la baja de edad de imputabilidad se fija en los 14 años, modificando el límite previo de 16 años.
El documento lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El texto concreta una reforma integral al sistema de responsabilidad penal para menores de edad que había sido aprobada por el Senado el pasado 27 de febrero en sesiones extraordinarias.
El régimen dispone la creación de un nuevo sistema procesal para los menores de edad. Se prevé que la aplicación de la norma presente variaciones entre las provincias, debido al esquema de financiamiento y la estructura administrativa requerida para su puesta en marcha efectiva en todo el territorio.
La reforma fue defendida en el Congreso como una herramienta para actualizar el sistema de seguridad. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, contando con el respaldo de sectores del oficialismo, la UCR, el PRO y diversos bloques provinciales.
Contexto regional
Con esta modificación, Argentina alinea su marco legal con países de la región como Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. No obstante, la nueva normativa contempla escalas penales superiores para delitos considerados graves, como en el caso de homicidios cometidos por adolescentes.
El argumento central para el cambio legislativo fue la necesidad de actualizar un régimen que databa de la última dictadura militar. Según los fundamentos oficiales, el sistema anterior carecía de mecanismos claros de juicio y plazos definidos para determinar la responsabilidad de los jóvenes ante hechos delictivos.
Reinserción social
La normativa incluye una serie de medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social. Este punto generó debates respecto a la situación actual de los institutos de menores y la asignación presupuestaria nacional comprometida para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley.