Traición, espionaje o sedición
El Gobierno evalúa denunciar a la AFA por entrometerce en las negociaciones con Venezuela para liberar a Nahuel Gallo
Luego de que se concretara el regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, el escenario político se centró en la actuación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante las negociaciones en territorio venezolano. Desde la Casa Rosada se encuentran evaluando el inicio de acciones legales contra la institución liderada por Claudio "Chiqui" Tapia, bajo la premisa de que pudo haber tomado atribuciones que corresponden exclusivamente al Estado nacional.
Voceros del oficialismo señalaron que se analiza si la conducta de la entidad encuadra en delitos como "traición a la patria", "espionaje ilegal" o "sedición", debido a los contactos establecidos con los funcionarios de Venezuela.
Los detalles del traslado y la intervención
La vuelta de Gallo se produjo a través de un vuelo privado coordinado por la AFA en conjunto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). El trayecto de la aeronave comenzó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, incluyó una parada técnica en Guayaquil y concluyó con el arribo a Ezeiza.
Desde la administración central manifestaron que no contaban con precisiones sobre el esquema de la negociación llevada adelante por la asociación deportiva. Según indicaron, tomaron conocimiento de la participación de la AFA una vez que el procedimiento ya se encontraba en curso.
"Sabíamos que estaban allá y que estaban interfiriendo en las negociaciones", declararon fuentes gubernamentales. Asimismo, criticaron que una entidad no gubernamental tome parte en gestiones internacionales con un país al que definen como una dictadura.
Exigencia de aclaraciones y cuestionamientos
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el Gobierno trabajó de manera constante en diversos ámbitos para alcanzar la liberación del gendarme. No obstante, subrayó que durante el mandato de Nicolás Maduro no se observaba una predisposición para su entrega.
Ante esta situación, el Ejecutivo pretende que la AFA brinde explicaciones minuciosas sobre la naturaleza de los vínculos mantenidos con los representantes venezolanos y el sustento institucional de dichos diálogos.
En el entorno del Presidente sostienen que el debate no reside en la resolución del caso —el arribo del gendarme—, sino en la validez legal del método empleado y los límites de las competencias de una organización de fútbol en temas de relaciones exteriores.
Repercusiones en el ámbito político
El posible inicio de una causa judicial contra la AFA representaría un choque institucional de gran magnitud, considerando la relevancia política que posee el fútbol en el país. Esta situación se añadiría a fricciones previas existentes entre la gestión nacional y la cúpula de la entidad rectora del deporte.
Mientras se definen las próximas medidas, el Gobierno intenta identificar con exactitud a los involucrados en las tratativas, qué pactos se habrían sellado y si se establecieron convenios paralelos con el poder político de Venezuela.
La determinación final sobre la denuncia quedará bajo la órbita de los asesores legales del Estado. Estos especialistas analizan si los acontecimientos pueden tipificarse en delitos vinculados a la política exterior y la seguridad nacional, en un conflicto que ha superado la barrera diplomática para posicionarse en la agenda política interna.
Con información de BAE Negocios.