El Senado convirtió en ley la reforma laboral
La Cámara de Senadores de la Nación sancionó definitivamente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. La votación resultó con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, tras una jornada marcada por el debate parlamentario y manifestaciones en las inmediaciones del Congreso.
El resultado legislativo consolida la agenda de modernización laboral que el Gobierno Nacional considera fundamental para su gestión. La norma obtuvo el respaldo de sectores aliados, logrando una mayoría que permitió convalidar las modificaciones aplicadas previamente en la Cámara de Diputados.
El texto aprobado ratifica la eliminación del artículo 44, el cual planteaba una reducción salarial del 50% para trabajadores con licencias por enfermedades graves o accidentes. Esta modificación fue clave para destrabar el consenso entre los diferentes bloques legislativos.
La ley introduce regulaciones sobre las indemnizaciones y crea el Fondo de Asistencia Laboral. Además, contempla la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, restricciones a las tutelas sindicales y limitaciones al ejercicio del derecho a huelga en determinados sectores.
La normativa incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a fortalecer la capacidad de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo. Según los fundamentos del oficialismo, estas herramientas buscan reducir la litigiosidad y otorgar previsibilidad al sector empleador.
En este contexto, se remarcó la importancia de actualizar los estatutos profesionales para adecuarlos a la realidad tecnológica actual. El proyecto también establece plazos específicos para la renovación de dichos estatutos y la eliminación de ciertos impuestos internos vinculados a la contratación.
Durante el debate, la senadora nacional por Chubut, Andrea Cristina, se manifestó a favor de la actualización de la legislación. La legisladora sostuvo que el proyecto responde a las necesidades del mercado actual manteniendo los derechos previstos en la ley vigente.
Por su parte, los sectores de la oposición expresaron su rechazo argumentando que la norma precariza el empleo. Los cuestionamientos se centraron en la posible inconstitucionalidad de algunos artículos y en el riesgo de un aumento en la conflictividad judicial por la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.
Impacto en la seguridad jurídica
Desde el bloque oficialista destacaron que la ley es producto de un proceso de negociación democrática. Argumentaron que las señales enviadas al mercado internacional buscan fomentar el crecimiento económico y la formalización de miles de trabajadores que actualmente se encuentran fuera del sistema.
En contraposición, legisladores de la oposición advirtieron sobre el desfinanciamiento de organismos como el INCAA y el impacto negativo que la reforma podría tener en la estabilidad del salario real. El debate concluyó con la ratificación de que la norma será enviada al Ejecutivo para su promulgación.