2026-02-10

El Gobierno retiró la reforma penal juvenil y enviará otra con cambios clave

El oficialismo dio marcha atrás con el proyecto enviado al Congreso por la baja de la edad de imputabilidad tras un desacuerdo interno y con la oposición. La nueva iniciativa fijará el límite en 14 años, incluirá financiamiento específico y buscará dictamen para sesionar esta semana en Diputados.

El Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil que había enviado al Congreso y volver a remitirlo con modificaciones, luego de quedar expuestas diferencias sobre la edad de imputabilidad y el esquema de financiamiento para su implementación.

La medida se tomó a contrarreloj: a un día del dictamen y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el texto ingresado establecía la imputabilidad a los 13 años, cuando el consenso con bloques aliados y sectores de la oposición estaba fijado en 14 años, tal como había ocurrido en el dictamen de 2025.

La principal razón del retiro

Uno de los motivos centrales de la decisión fue esa diferencia en la edad mínima punible. El PRO y la UCR, aliados legislativos del oficialismo, ya habían dejado en claro que no acompañarían una baja a los 13 años.

“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir dictamen y sesionar el jueves”, admitió una fuente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

De este modo, el Ejecutivo enviará una nueva versión del proyecto que respeta el acuerdo político alcanzado y busca evitar un traspié legislativo.

Cambios en el financiamiento

El texto que será reenviado incorpora una modificación clave: asigna partidas presupuestarias específicas para garantizar la aplicación efectiva del nuevo régimen. En total, se prevé una inversión superior a los 23 mil millones de pesos.

De ese monto, más de 20 mil millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación, mientras que otros 3 mil millones irán al Ministerio de Justicia. En el proyecto original, el financiamiento quedaba supeditado a decisiones de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado fuertes cuestionamientos.

Además, se habilita la firma de convenios entre la Nación y las provincias para el envío de fondos destinados a la construcción de nuevas instalaciones específicas para menores.

El camino legislativo

Para avanzar con el dictamen, el oficialismo deberá acelerar la conformación de las comisiones clave. Este martes se formalizará la integración de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que será presidida por María Gabriela Flores, y de la Comisión de Justicia, que quedará a cargo de Lisandro Almirón.

La reunión conjunta de comisiones está prevista para el miércoles, con la participación de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, mientras que la sesión en el recinto se proyecta para el jueves al mediodía.

Qué propone el nuevo régimen

El proyecto mantiene el espíritu del texto debatido el año pasado: fija la edad de imputabilidad en 14 años, establece penas diferenciadas respecto del régimen penal adulto y excluye la reclusión perpetua.

Para los delitos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, se prevé una pena máxima de 15 años de prisión, por debajo del tope de 20 años que figuraba en versiones anteriores.

En el caso de delitos menores, se priorizarán sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias, reparación del daño y medidas de resocialización, dejando el encierro como último recurso.

El texto también refuerza garantías procesales para los menores imputados, como patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el proceso.

Además, propone la creación de institutos especiales, con personal capacitado en infancia y adolescencia.

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