YPF: Argentina pidió frenar el discovery en EEUU y denunció hostigamiento judicial
La Argentina volvió a mover ficha en el juicio por YPF que se tramita en Estados Unidos. A través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Gobierno pidió formalmente a la Justicia norteamericana la suspensión del discovery ordenado en la causa y de la moción de desacato presentada por el fondo demandante, al que acusa de un “hostigamiento sistemático” contra el país.
El planteo fue presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el expediente por la expropiación de la petrolera. Desde el Ejecutivo sostienen que las medidas impulsadas por la parte demandante exceden el objeto del proceso y apuntan a afectar a la economía argentina para acelerar el cobro de un fallo estimado en USD 16.000 millones, más intereses.
Pedido para frenar el discovery
Según confirmaron fuentes oficiales, la presentación se realizó durante la madrugada del miércoles y busca poner un límite a lo que consideran requerimientos “intrusivos y desproporcionados”. Para el Gobierno, el uso del discovery se desvirtuó y dejó de ser una herramienta procesal para convertirse en un mecanismo de presión política y financiera.
En ese sentido, desde la Procuración advirtieron que el avance sobre información sensible del Estado argentino compromete la soberanía y las relaciones internacionales, al tratarse de un litigio entre un Estado y actores privados que operan en el sistema financiero global.
El foco sobre las reservas
La tensión se profundizó en las últimas semanas, cuando la parte demandante solicitó información detallada sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central, un pedido que el Gobierno rechazó de plano. Desde el Estado argentino remarcaron que esos activos pertenecen al organismo monetario y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser embargados ni sometidos a ese tipo de requerimientos.
La Procuración respondió ante la Justicia estadounidense que cualquier solicitud vinculada a las reservas resulta improcedente. Aun así, aclaró que el país cumplió con el proceso de discovery en todo aquello que fue considerado razonablemente pertinente al caso.
Rechazo a nuevas exigencias
Además de los pedidos sobre las reservas, el fondo litigante reclamó que funcionarios del área económica brinden declaraciones sobre el manejo de activos estratégicos. Esa posibilidad también fue rechazada por el Estado argentino, que consideró que se trata de exigencias ajenas al núcleo del juicio.
Desde la defensa nacional señalaron que ya se realizó un “esfuerzo extraordinario” para aportar información, con un volumen de documentación sin precedentes. Pese a ello, la contraparte sostuvo que habría datos faltantes, en particular conversaciones privadas de funcionarios actuales y de gestiones anteriores.
Acusaciones de presión indebida
Ese argumento fue utilizado para pedir que la Argentina sea declarada en desacato, una solicitud que encendió las alarmas en el Gobierno. Para la Procuración, se trata de una escalada deliberada, con planteos cada vez más invasivos y costosos, que buscan condicionar el funcionamiento del Estado.
En sus escritos, los representantes legales del país denunciaron que el discovery se transformó en una herramienta de hostigamiento judicial, orientada a “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica. Consideraron esa estrategia jurídicamente inadmisible y moralmente inaceptable.
Audiencia clave en Nueva York
El conflicto tendrá un nuevo capítulo en una audiencia judicial prevista para los próximos días, donde ambas partes expondrán sus posiciones. El Gobierno argentino anticipó que sostendrá una postura firme para evitar que la jueza continúe habilitando pedidos que, a su entender, vulneran principios básicos del derecho internacional.
En paralelo, se confirmó que la parte demandante tendrá la posibilidad de presentar un nuevo descargo en febrero, lo que abre la puerta a nuevas instancias dentro del proceso. En la Casa Rosada no descartan que el litigio sume aristas y se extienda durante los próximos meses.
Mientras tanto, el Estado argentino ratificó que seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender su posición, proteger activos estratégicos y frenar lo que define como un intento de presión financiera en el marco de uno de los juicios más costosos de su historia reciente.