Tierra del Fuego recurrirá a la Justicia para frenar la intervención del puerto de Ushuaia
Luego de que la gestión de Javier Milei resolviera intervenir el puerto de Ushuaia por el término de un año, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ratificó que darán pelea en el ámbito judicial. El titular del Ejecutivo fueguino afirmó: “Es ilegal lo que están haciendo”. El mandatario remarcó que la disposición no cuenta con fundamentos sólidos y confirmó que la provincia agotará las instancias legales para revertirla.
Durante la jornada del miércoles, la vicegobernadora Mónica Urquiza mantuvo un encuentro con los operarios en la zona portuaria para interiorizarse de la situación. Se prevé que este jueves se concrete la presentación judicial solicitando el levantamiento de la medida oficial. En el entorno provincial sospechan que la maniobra podría esconder intereses comerciales o un intento de privatización de la terminal marítima.
Tensión política y reclamos sectoriales
Este conflicto se suma a los cruces previos entre la administración nacional y la fueguina. Recientemente, Melella cuestionó la eliminación de aranceles para celulares importados, advirtiendo que el incremento de las importaciones atenta contra el empleo local.
Por su parte, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) justificó la intervención basándose en inquietudes de compañías navieras y denuncias de trabajadores sobre un posible vaciamiento. Según el organismo, inspecciones técnicas revelaron fallas graves en la infraestructura, incluyendo el deterioro de pilotes en el muelle, defensas dañadas y problemas en el asfalto.
Irregularidades en la gestión y seguridad
El informe de la comisión de inspección destacó un "deterioro significativo" en el muelle comercial, particularmente en el sector denominado Sitio 3. Asimismo, se reportó la obsolescencia de los sistemas contra incendios y deficiencias en el alumbrado y la señalización, lo que configuraría un incumplimiento de las normas de habilitación portuaria.
En el plano administrativo, el organismo nacional denunció la falta de registros financieros claros y la tercerización de compras a una firma cuyo rubro declarado es la venta de paraguas, termos y pelucas. Además, se detectó que la provincia habría destinado el 33% de los recursos del puerto a subsidios generales, asignando apenas un 1,3% a obras de mejora, pese a que la normativa exige reinvertir el presupuesto en la propia terminal.
El esquema de trabajo durante la intervención
La medida, inicialmente prevista por 12 meses, quedará sujeta a una evaluación posterior para definir su continuidad o finalización. Mientras dure este proceso, la Prefectura Naval Argentina brindará asistencia en las tareas operativas y de seguridad.
No obstante, las autoridades nacionales aclararon que las gerencias principales continuarán bajo el mando del personal técnico fueguino. Se especificó que la medida no conlleva una transferencia de trabajadores ni modificaciones en los contratos laborales vigentes, sino la puesta a disposición de personal capacitado para asegurar la continuidad de los servicios.
Con información de TN.