Argentina califica de "hostigamiento procesal" el pedido de desacato en juicio por YPF
El Estado argentino ha calificado como "hostigamiento procesal" el pedido de desacato presentado por el fondo de inversión Burford Capital en el juicio por la expropiación de YPF. La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que el país responderá formalmente al planteo, con un descargo previsto para el 19 de febrero. Este litigio es seguido de cerca por la comunidad patagónica, dada su relevancia económica y jurídica.
La defensa oficial argentina rechazó la solicitud realizada por los abogados de Petersen y Eton Park, financieramente respaldados por Burford Capital, ante la jueza Loretta Preska. Según el Estado, esta estrategia busca "poner arena en los engranajes de la recuperación económica de la Argentina", en una acción que es interpretada como un intento de presionar al país en el marco del conflicto.
Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que el país ha cumplido "plena y ampliamente con el proceso de *discovery*", que es la etapa de revelación de pruebas. En este marco, se hizo entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino, desmintiendo las acusaciones de incumplimiento.
La postura argentina ante las acusaciones
Argentina sostuvo que la moción de desacato constituye "el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de hostigar a la República mediante solicitudes de *discovery* intrusivas y desproporcionadas". El CEO de Burford Capital habría manifestado una estrategia para "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica argentina, según la defensa oficial, buscando así contextualizar el accionar del fondo.
La defensa también destacó que estos "nuevos ataques" se enmarcan en los "avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial". Entre estos se mencionan la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria de 16.000 millones de dólares, el *stay* otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de acciones de YPF, el respaldo de Estados Unidos e Israel y más de diez países, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
El pedido de desacato y sus implicancias
El pedido de desacato, presentado el pasado jueves por los demandantes, acusa a Argentina de incumplir órdenes judiciales para entregar comunicaciones de un grupo de funcionarios y exfuncionarios. Los fondos argumentan que no se presentó la totalidad del material solicitado en el proceso de *discovery*, lo que, a su criterio, amerita sanciones disciplinarias.
Esta ofensiva se inscribe en el fallo de primera instancia de 2023, donde la jueza Preska condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la estatización de YPF, una sentencia que el Gobierno considera errónea y tiene como eje central de su estrategia la apelación aún en curso. De prosperar el pedido de desacato, los demandantes podrían solicitar multas, presunciones adversas o la fijación de un cronograma específico para tratar el presunto incumplimiento.
Paralelamente, Petersen y Eton Park buscan establecer que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como "alter ego" del Estado. Si esta tesis prosperara, se abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de dichas entidades para ejecutar la sentencia. El Gobierno niega enfáticamente esta posibilidad, calificándola como un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.