Estaría por resolverse el conflicto en Península Valdés

En las próximas horas podría haber definiciones sobre el conflicto que mantienen los prestadores turísticos de Puerto Madryn con los dueños de un campo de la Península Valdés, que bloquearon el paso a los miradores.  

Este lunes empezaron a circular rumores de que el Ministerio de Turismo tomaría medidas en forma inminente para destrabar el conflicto. Una de las alternativas que manejan, según informaron fuentes de confianza, es que la provincia emita una resolución que ordene la apertura de los miradores.

En el inicio de esta temporada, la familia Ferro, propietaria de tierras en la Península, decidió cerrar el mirador de las orcas y la pingüinera en medio de las negociaciones con el gobierno que no llegaron a buen puerto.
Al parecer, los dueños del campo pidieron un canon de 7000 dólares a la provincia por el uso de la boca de la caleta y la pingüinera, que son dos de los principales atractivos turísticos de la zona.

El gobierno provincial y las agencias de turismo no tendrían ninguna intención de pagarle al privado por los miradores, que hace 30 años que son de uso público, libre y gratuito.

Las agencias de turismo, en la medida en que el conflicto no se soluciona, están preparando una medida cautelar para que la Justicia obligue a la familia propietaria del campo a abrir los accesos.

En las últimas horas, según pudo saber Crónica, empezó a circular una solución alternativa que estaría evaluando el gobierno provincial para poder destrabar el conflicto sin tener que apelar a la vía judicial.
Una de las variables que se está analizando, es reabrir los miradores por resolución alegando que son lugares de uso público y el privado no tendría ninguna competencia para cerrarlos.

La resolución de la cartera provincial de Turismo, se apoyaría en que estos miradores hace décadas que son de uso público, la provincia hizo inversiones allí y los mismos guías de turismo y los guardafaunas velaron siempre por su conservación.

Cabe recordar que los dueños de los campos se escudan en que hay antecedentes de playas que han sido ocupadas por visitantes que atentaron contra la conservación del entorno natural. Paralelamente, según pudo saber este medio, la cartera de Turismo dilató la respuesta al pedido de informes de la Defensoría del Pueblo, esgrimiendo que están trabajando en una solución. El plazo para responder vence el viernes pero se supone que antes podría haber novedades.