Operativo “Karaokes Coreanos”: desbarataron una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual en locales de karaoke

Detrás de los karaokes del Bajo Flores, donde el canto, el alcohol y las luces bajas forman parte del ritual nocturno, la Justicia investiga desde hace casi diez años una presunta red de explotación sexual y trata de personas. El expediente, a cargo de la PROTEX, se tramita en Comodoro Py y volvió a cobrar relevancia tras la prórroga de la prisión preventiva de uno de los principales acusados, un ciudadano coreano conocido como “Manuel”.

El Tribunal Oral Criminal Federal N°8 resolvió extender su detención por seis meses más, decisión que luego fue ratificada por la Cámara Federal de feria. El hombre, de 49 años, figura en los registros comerciales como comerciante, pero para los investigadores habría sido una pieza clave en la organización de los locales nocturnos.

Karaokes y habitaciones privadas

Según la hipótesis fiscal, la red funcionaba en karaokes ubicados en calles del Bajo Flores, donde detrás de cortinas y puertas cerradas había habitaciones privadas, algunas con baño en suite y dispensers de preservativos. Allí, de acuerdo a la acusación, mujeres eran explotadas sexualmente bajo la fachada de acompañar a los clientes durante las sesiones de canto.

La causa se inició en 2016, a partir de una denuncia anónima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate. El llamado alertaba sobre un karaoke de la calle Lautaro donde, además de música y bebidas, se ofrecían servicios sexuales con mujeres de origen coreano.

Allanamientos y primeras contradicciones

Los primeros allanamientos confirmaron la existencia de salas privadas y la presencia de varias mujeres extranjeras. Sin embargo, el expediente dio un giro en 2018 cuando la Cámara Federal dictó la falta de mérito para los imputados. En sus declaraciones, las mujeres afirmaron haber llegado al país por cuenta propia y negaron situaciones de coerción, lo que debilitó la acusación de trata.

Esa decisión frenó la causa durante años, hasta que nuevas medidas reactivaron la investigación a fines de 2023, con allanamientos en otros locales y pensiones vinculadas al mismo entramado.

Nuevas pruebas y una menor involucrada

En esos procedimientos, la Policía Federal detectó una situación que volvió a poner el foco en el expediente: una adolescente de 17 años que era explotada sexualmente. Ese hallazgo derivó en nuevos procesamientos, embargos millonarios y la detención preventiva de los acusados.

Las escuchas telefónicas y los testimonios incorporados describen un circuito aceitado de recaudación, traslados y control de las mujeres. En una de las conversaciones, una joven relató cómo se repartían las ganancias, con un esquema de mitades entre quien trabajaba y quien manejaba el lugar.

La paradoja que complica la acusación

Pese al avance del expediente, los fiscales enfrentan un obstáculo central: no lograron probar de manera directa que las mujeres coreanas mantenían relaciones sexuales con los clientes. En sus declaraciones, ellas sostuvieron que solo acompañaban a los habitué para conversar y beber, sin ejercer prostitución.

Esa contradicción es clave. Para la defensa, la falta de pruebas concretas dentro de las salas privadas podría debilitar la figura de trata de personas, pese a la acumulación de indicios, testimonios y registros.

Un expediente abierto

La causa sigue su curso en los tribunales federales, con imputados detenidos y otros bajo investigación. Mientras tanto, el expediente expone una realidad que permanece oculta detrás de locales nocturnos que funcionan desde hace años en uno de los barrios más postergados de la Ciudad.

Entre canciones, alcohol y cabinas privadas, la Justicia intenta determinar si hubo consentimiento o un sistema organizado de explotación sexual, en un caso que todavía promete nuevos capítulos.