Venezuela decreta Estado de Conmoción Exterior por 90 días
El decreto del gobierno venezolano, fechado el sábado con la firma de Nicolás Maduro y refrendado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, declaró el Estado de Conmoción Exterior por un período inicial de 90 días, prorrogables por igual lapso. La medida, publicada en la Gaceta Oficial del lunes, amplía significativamente las facultades del Ejecutivo y habilita la persecución de civiles, así como la militarización de sectores estratégicos del país.
El decreto establece explícitamente la orden a las fuerzas de seguridad para "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura" de toda persona que sea considerada involucrada en la promoción o apoyo a un presunto "ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República". Esta disposición genera un marco legal para posibles detenciones en el contexto de la escalada de tensión con Washington.
La posibilidad de activar esta figura constitucional, prevista para situaciones de conflicto externo que comprometan la seguridad nacional, había sido anticipada a fines de septiembre, luego del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. Sin embargo, el contenido detallado se mantuvo bajo reserva hasta su difusión oficial. Según el documento, la redacción fue actualizada tras los eventos del pasado fin de semana, en referencia a la captura de un líder chavista.
Es la primera vez que se activa esta figura desde la sanción de la Constitución venezolana en 1999, lo que subraya la excepcionalidad del momento político que atraviesa Venezuela. El decreto se apoya, además, en una normativa previa de 2024 que penaliza el apoyo a sanciones internacionales, contemplando la inhabilitación política y confiscación de bienes.
Restricciones y control gubernamental
Entre las disposiciones más relevantes, la norma ordena la militarización de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado. El personal de estos sectores quedará "temporalmente sometido al régimen militar", lo que amplía el control de las Fuerzas Armadas sobre áreas vitales de la economía y la vida diaria en el país.
Adicionalmente, el Ejecutivo estará facultado para requisar bienes considerados necesarios para la defensa nacional y para suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. La norma incluye una cláusula que permite adoptar "cualquier otra medida" para la protección de la población, lo que refuerza el carácter discrecional del régimen de excepción.
Aunque el decreto afirma que se respetarán derechos fundamentales como la vida y la libertad personal, reconoce la posibilidad de restringir garantías constitucionales durante su vigencia. La Constitución venezolana establece que, incluso en estados de excepción, deben preservarse derechos intangibles, como el debido proceso, la prohibición de la tortura y el acceso a la información.
Desde el plano institucional, la revocación del decreto podría ser efectuada por la Asamblea Nacional o revisada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes se encuentran bajo control del chavismo, lo que limita la existencia de contrapesos efectivos frente a la ampliación de las facultades del Ejecutivo. Este escenario reconfigura el equilibrio de poder y anticipa un período de fuertes restricciones políticas y sociales.