El Gobierno apeló al fallo que ordena ejecutar Ley de Emergencia en Discapacidad
La presentación judicial ratifica la postura del Gobierno, que la jornada anterior enfrentó un rechazo en el Congreso. La oposición logró impedir la derogación definitiva de la mencionada Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado, al votar en contra de un capítulo incluido en el Presupuesto 2026. La Casa Rosada buscará revertir esta votación en el Senado e insistir en Diputados con la redacción general del Presupuesto.
El fallo judicial cuestionado
La decisión del juez González Charvay, emitida el 12 de diciembre pasado, declaró la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025. Este artículo había suspendido la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad bajo el argumento de la falta de partidas presupuestarias asignadas para su financiamiento. El magistrado ordenó la "inmediata aplicación" de la ley, advirtiendo sobre una posible violación del sistema republicano.
El conflicto surgió cuando el Ejecutivo, tras el rechazo de su veto por parte del Congreso, promulgó la norma pero suspendió su aplicación invocando la Ley de Ejecución Presupuestaria. Sin embargo, el juez sostuvo que la cláusula suspensiva violentaba el mandato constitucional al subordinar una decisión de los representantes del pueblo a una reglamentación de menor jerarquía. Además, objetó el argumento presupuestario al indicar que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.
Los fundamentos del magistrado
Al analizar los fundamentos del decreto impugnado, el juez federal de Campana concluyó que la medida y sus resultados configuraban un "caso de clara discriminación a personas con discapacidad", afectando también a niños y adultos mayores en doble vulnerabilidad. González Charvay señaló que el Gobierno había utilizado decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se había negado a hacerlo en este caso, lo que implicaría validar un "uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN".
La resolución judicial, ahora apelada, también consideró la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras. El magistrado describió una "alarmante pérdida de poder adquisitivo" que afecta la calidad y continuidad de las prestaciones de salud. La sentencia invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y desestimó la propuesta del Estado de incluir fondos en el presupuesto de 2026, reafirmando la necesidad de acciones positivas inmediatas para el sector.
Redactado con información de Infobae.