Mendoza multará a padres que no actúen ante casos de bullying escolar
La Legislatura de Mendoza sancionó la Ley N.º 9682, una norma que introduce cambios en el Código de Contravenciones provincial y fija sanciones para padres, madres o responsables legales que no intervengan ante situaciones de bullying escolar protagonizadas por sus hijos. La ley fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y ya se encuentra vigente.
El objetivo central de la normativa es reforzar la prevención del acoso escolar y dejar en claro que la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones educativas. A partir de ahora, el rol de las familias queda incorporado de manera directa dentro del marco legal contravencional.
Cambios en el Código de Contravenciones
La ley incorpora los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código de Contravenciones de Mendoza, dentro del apartado referido a faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación. Con esta modificación, el Estado provincial suma herramientas legales para actuar cuando se detecta falta de acompañamiento adulto frente a hechos reiterados de violencia escolar.
Según el texto aprobado, la sanción no se aplica de manera automática. Primero debe existir una notificación formal a los responsables legales y la constatación de que no adoptaron medidas para frenar la conducta.
Multas y tareas comunitarias
La norma prevé multas económicas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fiscales, o bien la imposición de tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días, de acuerdo con la gravedad del caso y la reiteración de la conducta.
Los fondos recaudados por estas sanciones tendrán un destino específico: serán asignados a un fondo provincial para la prevención y asistencia de víctimas de bullying, y también al fortalecimiento de bibliotecas populares.
Cómo será el procedimiento
La autoridad escolar será la primera instancia de intervención. Ante una situación de acoso escolar, la escuela deberá aplicar el protocolo vigente y convocar a las familias involucradas. Si esa etapa fracasa por inasistencia, falta de cooperación o incumplimiento de compromisos asumidos por los adultos responsables, las actuaciones se remitirán al Juzgado Contravencional correspondiente.
De esta manera, la ley establece una escalera de intervención que prioriza la resolución educativa, pero habilita la vía judicial cuando no hay respuestas por parte de los responsables legales.
Casos de eximición de responsabilidad
La normativa también contempla situaciones en las que los padres o tutores podrán quedar eximidos de responsabilidad. Entre ellas, se incluyen los casos en los que exista privación de la responsabilidad parental, cuidado personal unilateral en cabeza del otro progenitor, o medidas judiciales que impidan la intervención en la crianza.
Estos puntos fueron incorporados para evitar sanciones automáticas y garantizar que cada situación sea evaluada según su contexto.
Un año marcado por la violencia escolar
La sanción de la ley se da en el cierre del ciclo lectivo 2025, atravesado por una escalada de conflictos en las escuelas mendocinas. Desde el ámbito educativo reconocen que el aumento de episodios de violencia, amenazas, agresiones físicas y ciberacoso expuso una crisis de convivencia que obligó al Estado a avanzar con medidas más firmes.
Uno de los hechos que aceleró el debate fue el ocurrido en el departamento de La Paz, donde una estudiante amenazó a una docente con un arma de fuego dentro de una escuela, un episodio que generó fuerte impacto social y político.
Prevención y corresponsabilidad
Desde el Gobierno provincial remarcan que la ley no tiene un enfoque exclusivamente punitivo, sino que busca fortalecer la prevención temprana y dejar en claro que la escuela no puede ser el único espacio de contención.
En paralelo, el Ministerio de Educación profundizó políticas de capacitación docente, mediación y abordaje integral de conflictos, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo antes de que escalen a instancias judiciales.
Con esta ley, Mendoza envía un mensaje claro: la convivencia escolar es una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas y las familias, y el bullying deja de ser un problema ajeno para convertirse en una obligación concreta de todos los actores involucrados.