2025-12-17

Investigación en el fútbol argentino

El Gobierno demanda explicaciones a la AFA y la Superliga por sus balances financieros

En una acción que busca transparencia institucional, el Ministerio de Justicia intimó a ambas entidades para que presenten detalles de sus balances financieros. La medida se enmarca en una causa por presunto lavado de dinero que involucra a actores clave del fútbol nacional.

El Ministerio de Justicia anunció de forma oficial que, mediante la Inspección General de Justicia (IGJ), se procederá a intimar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino. El objetivo de esta medida es que ambas organizaciones brinden explicaciones sobre sus balances y respondan a las observaciones realizadas sobre sus estados contables y financieros, tal como se le exige habitualmente a cualquier persona jurídica privada sin ningún tipo de distinción.

Millonarias cifras bajo investigación

Según los datos consignados por el Gobierno, los montos que forman parte de este requerimiento son de gran magnitud: los balances de la AFA superan los USD 111.000.000, mientras que los de la Superliga alcanzan los USD 340.000.000. En este contexto, la IGJ solicitará de manera específica a la asociación de la calle Viamonte la presentación de documentación que respalde gastos e inversiones vinculadas a actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales. Cabe destacar que la AFA posee el carácter legal de una asociación sin fines de lucro.

Igualdad ante la normativa vigente

La Secretaría de Justicia, bajo la conducción de Sebastián Amerio, ratificó el compromiso con el cumplimiento irrestricto de la ley. Desde el organismo advirtieron de manera tajante que "nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios".

Por su parte, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, sostuvo la necesidad de que la entidad deportiva cumpla con los mismos requerimientos técnicos y legales que se le aplican a todas las fundaciones y asociaciones registradas ante la IGJ. La intención oficial es asegurar que el tratamiento de la información sea serio y profesional, garantizando la equidad en el control de las instituciones civiles del país.

 

 

 

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