Catorce muertos en ataques de EE.UU. contra el narcotráfico en aguas del Pacífico
El saldo de estos operativos fue de 14 personas fallecidas y un sobreviviente, según la información proporcionada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El titular de Defensa del Gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth, afirmó en la plataforma X que las cuatro naves atacadas eran "conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos". Asimismo, aseguró que estas embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas designadas. Este suceso marca el primer ataque múltiple de los once reportados hasta la fecha por Washington, que aún no ha presentado pruebas que respalden públicamente estas acusaciones.
El funcionario estadounidense detalló que tres de las embarcaciones tenían cuatro personas a bordo cada una, mientras que la cuarta llevaba tres tripulantes.
La postura de México ante el operativo
El Comando Sur de EE.UU. inició el protocolo de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente. "Las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", indicó el secretario de Defensa. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en su conferencia de prensa diaria que su Gobierno fue informado sobre la situación durante la mañana y precisó que los hechos ocurrieron en aguas internacionales. La mandataria instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la Secretaría de Marina a reunirse con el embajador Ron Johnson para obtener más información y gestionar lo relativo al sobreviviente.
La Secretaría de Marina de México, consultada por CNN, informó que las operaciones estadounidenses "se llevaron a cabo en aguas internacionales y no estaban cerca de las costas mexicanas", aunque no emitió comentarios sobre el operativo de rescate del sobreviviente mencionado por Hegseth.
Estos ataques, realizados sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de EE.UU., han sido objeto de críticas por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela, países de donde, aparentemente, provienen varias de las embarcaciones involucradas.