Juez Petris: “Vengo sufriendo una persecución política”

En el escrito al que accedió Crónica, el magistrado responde a cada una de las acusaciones y no pasa por alto que daño causado a su familia, a raíz de estos hechos denunciados que, asegura, son falsos. Además, sostiene que la denuncia tiene una clara connotación política en la previa de las legislativas del domingo 26 de octubre cuando los chubutenses dirán sí o no a la eliminación de los fueros.

“Todo resulta demasiado evidente y visibiliza la intencionalidad de colocar mi situación en el contexto de la campaña política, con el objetivo de crear en la población un animus contrario a la judicatura que los anime a votar por la eliminación de los fueros, haciéndoles creer que con ello la provincia del Chubut les ofrecerá mejores condiciones de vida”, sostiene el juez de Esquel.

Denuncia y pedido de jury

A mediados de este año, Petris, quien presidía la Asociación de Magistrados y había impugnado el plebiscito de eliminación de los fueros, apareció envuelto en un escándalo que lo vinculaba con delitos de supuestas maniobras irregulares, abuso de poder, conflicto de intereses e inconducta personal grave.

El caso, que tomó estado público, llegó al Consejo de la Magistratura del Chubut. Los miembros entendieron que hay elementos suficientes como para avanzar con la denuncia. Este jueves, a más tardar, definirán si el juez es sometido a un jury de enjuiciamento en el que podría ser destituído.

La presentación del juez Petris consta de diez puntos en los que se refiere a cada una de las acusaciones que pesan en su contra. En el tercer punto el magistrado vincula directamente estas acusaciones con su pelea contra el plebiscito de la eliminación de los fueros que impulsa el gobierno de Torres en estas legislativas.

“La persecución política que vengo sufriendo debe ser tenida en cuenta a los efectos de evaluar las acusaciones que surgen del informe, porque si habiéndose puesto en mi contra todo el poder político de la provincia la acusación se basa en las causas endebles e improcedentes que surgen del dictamen, resulta evidente la injusticia de la situación, la improcedencia de la acusación y el grave daño que se generaría al servicio de justicia en caso que la misma prospere, porque la independencia del Poder Judicial se vería gravemente afectada”, sostiene Petris.

“No tengo dudas al afirmar que de prosperar este proceso se producirá un quiebre institucional que debilitará el gobierno republicano de nuestra provincia, dejando sin protección alguna a la magistratura que estará expuesta a que cualquier persona grabe una declaración y la suba a internet y con ello se inicie un proceso disciplinario, el que, aunque no corrobore versiones, y sobre la base del principio pro societate, que no está previsto en la ley en razón de que es contrario a las garantías constitucionales más elementales, ante la duda de que algo de lo que se dijo sea cierto, se promueva la remoción del magistrado”, concluye el escrito.