Diputados aprobó la ley que restringe el uso de DNU presidenciales
El proyecto aprobado establece que el Congreso dispondrá de un plazo de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU. En caso de no hacerlo dentro de ese lapso, los decretos automáticamente quedarían sin efecto. Además, la propuesta exige la aprobación explícita de ambas Cámaras legislativas para que los DNU mantengan su vigencia, una medida que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola de las cámaras.
Impacto en la gobernabilidad presidencial
De concretarse en ley, esta reforma implicaría una restricción relevante al margen de acción del Poder Ejecutivo, especialmente en un contexto de minoría parlamentaria. El Gobierno se vería obligado a buscar y negociar consensos amplios con las fuerzas políticas para avanzar en su agenda legislativa y de gestión.
La sesión especial en Diputados contempló, además de la reforma de los DNU, otros puntos importantes en su temario. Se incluyó la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en relación con la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin una asignación presupuestaria específica. Desde sectores opositores, se advirtió que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para la implementación de dicha ley, se podría impulsar una moción de censura, un mecanismo constitucional que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.
La agenda de la jornada también abarcó un emplazamiento a la comisión de Presupuesto, buscando fijar una fecha límite para el debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026. Este punto tiene como fin evitar que el Gobierno prorrogue, por tercer año consecutivo, el Presupuesto correspondiente al año 2023.
En paralelo, la oposición procuró avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Estas citaciones se originan a partir de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, que refieren a presuntas situaciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según se informó, ambos funcionarios habían sido citados previamente por la Comisión de Salud, pero no habían comparecido.
Finalmente, se debatió la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Esta medida, de ser aprobada, podría beneficiar directamente a las provincias, lo que la convierte en una herramienta de presión para asegurar el quórum en futuras sesiones.