Los chubutenses podrían pagar el doble de gas por recortes del Presupuesto Nacional 2026

El gobierno de Javier Milei modifica dos artículos en el Presupuesto Nacional 2026 por los cuales pretende eliminar el régimen de ampliación de “Zonas Frías”, que establece la obligatoriedad de los subsidios del 50 por ciento en las factura de gas, que llegan a todos los hogares patagónicos.

De avanzar con esta medida, el presidente Milei quedaría facultado para establecer discrecionalmente el monto de los subsidios al gas que reciben los chubutenses al igual que el resto de los patagónicos. La noticia no causó ninguna sorpresa en legisladores de la oposición y titulares de organismos de defensa de derechos de los consumidores.

La Defensora del Pueblo del Chubut, Claudia Bard, advirtió en diálogo con Crónica que si esta medida presupuestaria se concreta, los chubutenses el año que viene podrían pagar el doble en las boletas de gas de lo que vienen pagando este año.

El Ejecutivo Nacional tendría plena discrecionalidad para fijar los subsidios, lo que entienden que sería una ventana abierta para eliminarlos. Desde la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) exhortaron al Ejecutivo Nacional y a los legisladores a revisar cualquier iniciativa que implique retrocesos en materia de equidad energética, como la eliminación de la ampliación de Zonas Frías.

El pedido a los legisladores

Desde la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), expresamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta incluida en el proyecto de ley que fija el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2026 que pretende, a través de sus artículos 71 y 72, sustituir el artículo 3° y derogar los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8°, respectivamente, de la Ley Nacional N° 27.637 sancionada en el año 2021, lo cual implica –lisa y llanamente– la eliminación de la ampliación del régimen de Zonas Frías.

La denominada “Ley de Zona Fría” representa la formal respuesta a la histórica lucha de numerosos usuarios, asociaciones de consumidores y usuarios, Defensorías del Pueblo y ciudades afectadas ante la necesidad de un cuadro tarifario diferenciado para regiones azotadas por temperaturas más bajas, con su inevitable correlato en el exponencial incremento en el consumo de gas y su impacto en las economías familiares, principalmente durante los meses otoñales e invernales de mayo a septiembre.

Esta ley fue, en su génesis, el fruto de un nutrido debate llevado a cabo en el Congreso de la Nación, con intervención de multiplicidad de actores y sectores, propio de un perfecto federalismo de concertación. La mentada legislación permitió que más de 4,2 millones de usuarios en todo el país accedan a descuentos en la factura de gas, alcanzando a hogares de 90 municipios bonaerenses y de provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

En este sentido, resulta necesario poner en contexto la realidad de las diversas regiones que conforman nuestro país, dado que en las provincias indicadas en el párrafo precedente y en aquellas que constituyen la zona Patagónica, la utilización del gas natural o envasado, en su defecto, tanto para la subsistencia diaria y los menesteres del hogar como para calefaccionarse especialmente durante las temporadas invernales, se torna indispensable, configurándose como un Derecho Humano y fundamental.

Estos beneficios consisten en rebajas del 30 % en la tarifa plena y del 50 % para familias en situación de vulnerabilidad social (jubilados, beneficiarios de AUH, monotributistas sociales). Su financiamiento se garantiza a través de un fondo fiduciario creado con un recargo mínimo en el precio mayorista del gas (PIST), mecanismo solidario que permitió equilibrar asimetrías sin impacto presupuestario directo. Somos todos los usuarios del servicio de red de gas natural quienes solidariamente contribuimos a través de un recargo adicional en nuestras facturas.

Su eliminación no solo constituye un retroceso en derechos adquiridos, sino también, una medida injusta que desatiende criterios de equidad territorial y social que ya habían sido reconocidos por el propio Estado.

El proyecto también introduce cambios que resultan preocupantes: fija un tope del 7,5 % al Fondo Fiduciario, habilita su utilización para otros destinos y concentra facultades de asignación en la autoridad nacional, abriendo un margen de discrecionalidad que amenaza con desfinanciar la protección a los usuarios residenciales.