El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto de Javier Milei y ratificara el texto original. La decisión se formalizó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del lunes. Sin embargo, la aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento establezca de manera precisa las fuentes de financiamiento para cubrir el gasto que demandará la nueva normativa.

Impacto fiscal y advertencias del Ejecutivo

El Poder Ejecutivo estimó que la creación de la nueva pensión implicaría un desembolso de más de tres billones de pesos durante 2025, equivalente al 0,35 % del PBI, con un aumento en 2026 que treparía al 0,47 % del producto. Solo el Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, demandaría cerca de $1,2 billones el próximo año. A eso se suma la compensación económica a los prestadores del sistema, calculada en casi $280 mil millones.

Desde la Casa Rosada recordaron que la Ley de Administración Financiera exige que toda ampliación de gastos esté respaldada por una fuente de recursos concreta. Según el decreto, el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones” y la posibilidad de que el jefe de Gabinete reasigne partidas “no constituye una fuente suficiente”.

Choque con el Congreso

La promulgación se produce tras semanas de tensión política. El Ejecutivo había vetado la ley con el argumento de que su ejecución sin respaldo presupuestario ponía en riesgo la sustentabilidad del régimen de atención para personas con discapacidad. Pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el veto y forzaron la promulgación, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

El texto oficial advierte que incluso si se destinaran todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, los recursos resultarían insuficientes. “Para cumplir con la ejecución de la Ley 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso”, remarcó el decreto.

Refuerzo parcial del presupuesto

En paralelo, el Gobierno avanzó con una readecuación presupuestaria para responder a los reclamos de los prestadores del sistema. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se incrementaron los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir del 1° de octubre, tomando recursos de la partida “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. La medida apunta a reforzar la atención básica mientras se espera la definición parlamentaria sobre la ley de emergencia.

El Poder Ejecutivo comunicó oficialmente la promulgación al Congreso y reiteró que la puesta en marcha efectiva dependerá de que se asignen las partidas necesarias en el presupuesto nacional, algo que deberá resolverse en las próximas semanas.