Pollos de Papel: suspendieron la apertura de investigación por escuchas de exfuncionarios y comerciantes

Las escuchas telefónicas entre exfuncionarios de la gestión de Adrián Maderna y los comerciantes implicados en la causa “Pollos de Papel”, por defraudación al estado municipal, estuvieron en el centro del debate en la primera audiencia en los tribunales de Trelew.

Producto de un mutuo acuerdo entre la Defensa Pública y la Fiscalía, la audiencia de apertura de investigación se postergó para dentro de dos semanas como mínimo. El juez de la causa, Marcelo Di Biase, quien no ocultó su enojo por las “dilaciones”, dio un plazo máximo de 15 a 20 días para que las partes hagan llegar la totalidad de las pruebas.

La audiencia comenzó este viernes a las 9 horas en el sexto piso de los Tribunales de Trelew. Allí se presentaron ante el juez el exsecretario de Hacienda, Marcelo Olivera, y su par de Desarrollo Social, Ángel Castillo; y los exfuncionarios Cristina Siri, Diego Armando Catrimay y Eliana Gómez, quienes son asistidos por los defensores públicos Romina Rowland y Sergio Rey. También lo hicieron los comerciantes Rainiero Frontini, patrocinado por Alfredo Pérez Galimberti y Federico Ruffa, y Elías Tellechea, defendido por Fabián Gabalachis.

Piden suspender la audiencia

La fiscal de la causa, Julieta Gamarra, tenía previsto imputar a los exfuncionarios y comerciantes por defraudación y negociaciones incompatibles en diversos grados. La causa se inició a partir de una denuncia del intendente Gerardo Merino. La Municipalidad iba a constituirse como querellante una vez iniciada la investigación.

En el transcurso los defensores Romina Gowland y Sergio Rey solicitaron que se suspenda la audiencia debido a que no habían tenido acceso a la totalidad de las pruebas. Las pericias en cuestión son las escuchas telefónicas entre los comerciantes y exfuncionarios implicados en las que la Fiscalía basa la investigación.

Hasta el momento, peritaron las conversaciones mantenidas por los carniceros y ayer comenzaron a peritar los teléfonos de exfuncionarios. Los defensores objetaron que no habían accedido a la totalidad de las desgrabaciones de la prueba producida hasta el momento, lo que estaría violando su derecho de defensa.

La fiscal Julieta Gamarra se mostró de acuerdo en que la otra parte debía tener acceso a la totalidad de la prueba producida porque de lo contrario, más adelante, podía ser impugnada durante el juicio.

Al principio, el juez Di Biase, visiblemente molesto, les reprochó a las partes: “me ocultaron información”, y se quejó que esto “es una dilación de tiempo”, algo que viene sucediendo desde el año pasado.

A raíz de esto, los exfuncionarios y comerciantes implicados en la investigación preliminar no fueron imputados. De acá a dos semanas se realizaría una nueva audiencia en la que quedarían formalizadas las imputaciones una vez que la defensa haya tomado conocimiento de la prueba producida.

Posteriormente, en conferencia de prensa, la fiscal Gamarra explicó que lo que ocurrió es que el fiscal anterior había adoptado el criterio de no dar información a la defensa que entendía que no tenía nada que ver con la investigación. No obstante, mencionó que ella se mostró de acuerdo en que la defensa debería tener acceso a la totalidad de las desgrabaciones de las escuchas.