Bombas de racimo dejan más de 1.200 víctimas civiles en Ucrania
El uso de bombas de racimo en Ucrania ha provocado más de 1.200 muertos y heridos civiles desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, aunque el número real podría ser aún mayor, según un informe anual del Observatorio de Minas Terrestres y Municiones en Racimo.
El documento denuncia retrocesos preocupantes en los esfuerzos globales para erradicar estas armas, subrayando que tanto las fuerzas rusas como ucranianas han hecho un uso extensivo de ellas desde el primer día del conflicto. Solo en 2024, Ucrania concentró 193 de las 314 víctimas contabilizadas en todo el mundo, consolidándose como el país con mayor número de afectados por este tipo de municiones.
El informe advierte que la cifra real de víctimas es probablemente mucho más alta, ya que se produjeron unos cuarenta ataques con municiones en racimo en 2024 sin que se hayan informado balances completos de víctimas humanas.
Características y legalidad de las bombas de racimo
Estos artefactos pueden ser lanzados desde aviones o disparados desde el suelo, dispersando múltiples submuniciones que a menudo no explotan al instante y permanecen como minas activas durante años.
Ni Rusia ni Ucrania son parte de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, que prohíbe su uso, producción y almacenamiento, al igual que Myanmar y Siria, los otros dos países donde se registraron ataques en 2024. Estados Unidos, que tampoco ha adherido, provocó indignación al suministrar siete cargamentos de municiones de este tipo a Ucrania en 2023.
Militarmente, estas bombas permiten atacar grandes concentraciones de soldados, inutilizar pistas de aterrizaje o minar territorios extensos para frenar avances enemigos. En 2025, se encontraron submuniciones con inscripciones en coreano en territorios ucranianos, aunque aún no se determina si provienen de fuerzas norcoreanas aliadas a Rusia o fueron adquiridas por esta última.
Retrocesos globales y riesgo de efecto dominó
El informe también alerta sobre retrocesos en la regulación internacional: Lituania se convirtió en marzo de 2025 en el primer país en retirarse de la Convención de 2008, alegando motivos de seguridad regional. Posteriormente, Polonia, Letonia, Estonia y Finlandia comunicaron su intención de abandonar el tratado que prohíbe minas antipersonales, generando preocupación por un posible “efecto dominó”, según Tamar Gabelnick, directora del Observatorio.
El monitoreo concluye que, mientras estas armas sigan siendo utilizadas y países clave se retiren de los convenios internacionales, las víctimas civiles y la amenaza a la seguridad regional continuarán en aumento.
Con información de Infobae