2025-09-15

Evasión millonaria y denuncias ambientales

Fiscalía investiga a la chatarrería Todoni y a la concejal Romina Todoni

La firma “Las 3 E S.R.L.” y sus directivos, entre ellos la concejal de La Libertad Avanza Romina Todoni, son acusados de evasión agravada de IVA por más de $12 millones.

La Fiscalía Federal de Paraná recibió una denuncia formal contra la firma “Las 3 E S.R.L.” y sus directivos, Romina Todoni y su hermano Diego Enrique, por presunta evasión agravada de impuestos. Según la Dirección Regional Paraná de ARCA-DGI, la empresa habría utilizado comprobantes apócrifos y duplicados para justificar compras y reducir de manera ilegítima el IVA durante varios períodos fiscales entre 2018 y 2022.

La investigación revela que la compañía dejó de ingresar al fisco montos que ascienden a $21,8 millones, concentrándose actualmente en los períodos 11 y 12 de 2018 y todo 2019, por un total de $12,3 millones. Los ajustes correspondientes a 2021 y 2022 fueron saldados mediante compensaciones, mientras que los de 2020 no alcanzan el umbral penal.

Romina Todoni, quien ejerce como concejal desde diciembre de 2023 por La Libertad Avanza, es hermana de la diputada provincial Débora Todoni. La firma investigada opera la chatarrería Todoni, ubicada en Avenida Circunvalación José Hernández 2561, clausurada este año tras años de denuncias por contaminación ambiental. Sin embargo, los propietarios aún no trasladaron los residuos acumulados, lo que derivó en una causa por desobediencia judicial y la autorización de la Justicia para que la Municipalidad y la Provincia releven y embarguen los desechos.

El organismo recaudador detectó que la empresa utilizó créditos fiscales de proveedores ficticios o “usinas”, cargando facturación que no se correspondía con operaciones reales. Las maniobras se encuadran como declaraciones engañosas y ocultaciones maliciosas, que distorsionan la base imponible del IVA.

La denuncia se fundamenta en el artículo 2, inciso d) de la Ley 27430, de Evasión Agravada Tributaria, que establece responsabilidad penal tanto para la empresa como para sus directivos. La ARCA-DGI solicitó al fiscal federal Leandro Ardoy que instruya un sumario judicial y cite a los responsables a declaración indagatoria.

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