Preocupación en el Garrahan ante la pérdida de médicos especializados
Según explicó García en diálogo con Radio Mitre, la ley vetada buscaba actualizar los sueldos a fines de 2023 y compensar la inflación, una medida que, si bien no representaba una “gran cantidad de dinero”, ayudaría a paliar la situación. La persistente devaluación de los ingresos ha llevado a numerosos trabajadores a dejar el hospital, afectando directamente la capacidad operativa del centro de salud.
Impacto en la atención pediátrica
La fuga de profesionales altamente capacitados tiene un impacto crítico en servicios vitales. El Dr. García señaló que, por ejemplo, en el área de oncología, solo se ocupó uno de cinco puestos disponibles. Esta situación es de particular gravedad, dado que el Hospital Garrahan atiende al 40% de los pacientes oncológicos infantiles de todo el país. La preocupación por el futuro de la atención es creciente entre el personal y las autoridades del hospital.
Además, el jefe de Terapia Intensiva alertó sobre la precarización laboral. Médicos con años de formación y especialización reciben ofertas de “contrato de locación”, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. “Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 que tiene de vida”, expresó García, quien también mencionó que muchos residentes optan por becas institucionales con sueldos más altos, pero perdiendo derechos laborales y antigüedad.
Gestiones y medidas de fuerza
Ante la gravedad de la situación, se realizaron gestiones previas al veto presidencial, incluyendo reuniones con diputados y gobernadores. El Dr. García enfatizó que la salud pública es “fundamental” y que, si el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica persiste, se recurrirá a la judicialización, aunque reconoció que es un proceso “de largo aliento”.
En cuanto a las medidas de fuerza, el paro de actividades afecta la asignación de turnos. Sin embargo, el Dr. García aclaró que la atención de emergencias está garantizada. La crisis, afirmó, no solo perjudica a los trabajadores, sino que compromete la calidad de la atención en uno de los principales hospitales pediátricos del país, siendo la pérdida de profesionales capacitados “muy difícil de reponer”.