Piden ratificar el decomiso de $685.000 millones a Cristina Kirchner
Esta solicitud busca consolidar una de las sanciones económicas más elevadas dictadas en un caso de corrupción en el país, incluyendo a la expresidenta y a los demás implicados. El monto, actualizado aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es objeto de controversia por parte de la defensa.
Ahora, los jueces de la Cámara de Casación serán los encargados de decidir si avalan el pedido del fiscal o si aceptan los recursos presentados por las defensas, una resolución clave para el futuro del caso que genera repercusión política y judicial en Argentina.
Argumentos de la defensa
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugnaron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2. Entre sus argumentos, citaron violaciones al derecho de defensa, arbitrariedad en el índice de actualización aplicado y un supuesto trato desigual en comparación con otros casos.
La defensa también cuestionó que una estimación provisoria se transformara en un monto definitivo sin posibilidad de revisión, lo que, según los letrados, lesiona el derecho de defensa. Originalmente, cuando se dictó la condena en diciembre de 2022, el decomiso se había fijado en $84.835 millones, cifra actualizada posteriormente por peritos oficiales. Sin embargo, el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, estimó que el monto real debería ser de $42.494 millones.
La postura del fiscal
Para el fiscal Villar, el decomiso no constituye una pena en sí misma, sino una consecuencia jurídica diseñada para eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente. En su dictamen, subrayó que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable para nadie”.
Villar también sostuvo que la decisión ya fue confirmada en todas las instancias, incluyendo la Corte Suprema, lo que la hace firme y con autoridad de cosa juzgada. Además, defendió el uso del IPC, asegurando que la metodología empleada fue clara, fundamentada y no fue impugnada por los peritos de parte.
Adicionalmente, el fiscal rechazó los recursos presentados por Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, y desestimó el pedido para que las apelaciones tuvieran efecto suspensivo, lo cual paralizaría la ejecución del decomiso.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación Penal, tienen plazo hasta mediados de la próxima semana para pronunciarse. En caso de un fallo desfavorable, los abogados de Cristina Kirchner ya adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.
Redactado en base a información del medio TN.