Fijan audiencia clave por la causa de la Emergencia Climática en Comodoro
El Superior Tribunal de Justicia resolvió este jueves convocar a una audiencia clave en el marco de la causa por la Emergencia Climática en Comodoro Rivadavia. La fecha fijada es el 8 de octubre, a las 9:30, y allí las defensas deberán argumentar los motivos por los que consideran que el juicio realizado en 2024 no debió concretarse o, en su defecto, que las penas dictadas deben ser revisadas.
El expediente recobró fuerza en los últimos días luego de que la defensa de Germán Issa Pfister, exsecretario de Hacienda y actual integrante del Tribunal de Cuentas municipal, solicitara la nulidad de los allanamientos y secuestros recientes, alegando que se habrían vulnerado los fueros de inmunidad que lo amparan como funcionario.
Antecedentes y condenas previas
La causa investiga presuntos actos de corrupción cometidos durante la emergencia climática de 2017, cuando la ciudad atravesó una de las peores inundaciones de su historia.
En agosto del año pasado, varios exfuncionarios municipales y empresarios fueron condenados por defraudación al Estado en el marco de las tareas de asistencia y reconstrucción. Sin embargo, la apertura de esta nueva instancia judicial abre la posibilidad de que las condenas sean revisadas o incluso anuladas.
Quiénes participan y qué se discutirá
La decisión fue adoptada por los ministros Silvia Bustos, Javier Raidan, Ricardo Napolitani, Mario Vivas y Andrés Giacomone, mientras que la ministra Camila Banfi se excusó de intervenir por haber estado vinculada a la investigación inicial cuando era fiscal jefa.
Durante la audiencia, las defensas deberán exponer sus agravios contra la sentencia. Además, según el Código Procesal Penal, la acusación ya no estará en manos del fiscal que intervino en el juicio, Cristian Olazábal, sino que será sostenida por la Procuración General de la Provincia, encabezada por Jorge Miquelarena.
Uno de los principales argumentos de los defensores es que los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral habían desistido de acusar a los funcionarios municipales y habían propuesto soluciones alternativas para los empresarios, como la suspensión de juicio a prueba o el juicio abreviado.
Lo que está en juego
De confirmarse las condenas, los exfuncionarios y empresarios deberán cumplir las penas impuestas en 2024. Pero si la Corte provincial avala los planteos de las defensas, el proceso podría retroceder o incluso caer parcialmente, lo que marcaría un nuevo capítulo en una causa que lleva más de siete años de investigación.