2025-09-04

El Senado rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Con 63 votos a favor y solo siete en contra, la oposición logró desactivar el veto presidencial y la ley deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Es la primera vez en más de 20 años que el Congreso rechaza un veto total.

En una jornada que marcó un golpe político para el Gobierno de Javier Milei, el Senado dejó sin efecto el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, aprobada previamente por amplia mayoría.

El rechazo al veto se impuso con 63 votos afirmativos contra siete negativos, alcanzando con holgura los dos tercios necesarios. La norma, que ahora deberá ser promulgada, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por un año más.

Qué establece la ley aprobada

La normativa contempla una actualización mensual de los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, ajustados a la inflación informada por el INDEC. Además, estipula que las pensiones no contributivas por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y permitirá que los beneficiarios puedan trabajar mientras no superen dos salarios mínimos.

Otro punto clave es la obligación de saldar las deudas con prestadores y garantizar la continuidad de las terapias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la norma oscila entre 0,22% y 0,42% del PBI.

Críticas cruzadas y tensión política

Durante el debate, senadores de distintos bloques cuestionaron la decisión del Ejecutivo. El pampeano Pablo Bensusán apuntó: “El Presidente vetó que las personas con discapacidad accedan a pensiones dignas y prestaciones actualizadas. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre poder realizarse las terapias que corresponden o quedar condenadas al olvido”.

Desde el PRO, la senadora Carmen Álvarez Rivero, que votó a favor del veto, sorprendió con su explicación: “Considero que esta ley no hace falta, pero pido al ministro de Salud que aumente los aranceles para garantizar las prestaciones necesarias”.

Por su parte, el santacruceño José María Carambia advirtió: “Esperemos que el Presidente cumpla la ley. Si no, soy el primero en pedir juicio político. No podemos seguir abandonando a la gente con discapacidad”.

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