Condenaron a prisión a los responsables por los incendios de 2021 en Rawson
Tras un proceso que se extendió durante casi cuatro años y estuvo marcado por dilaciones, las condenas establecidas van de uno a seis años de prisión, con la mitad de ellas de cumplimiento efectivo. La magnitud de los daños obligó a la provincia a realizar una millonaria inversión para reparar los inmuebles afectados.
La resolución fue comunicada después de la audiencia de cesura de pena. El tribunal comprobó que los acusados tuvieron participación en incendios, daños y saqueos ocurridos en un contexto de violencia inédito en Chubut, que derivó en la destrucción de documentación sensible y la interrupción de la actividad de organismos estatales durante las protestas antimineras del 16 de diciembre de 2021.
Condenas efectivas y en suspenso
Tres de los imputados recibieron penas de prisión efectiva:
-Damián Andrés Díaz, condenado a un año por daño agravado en el STJ (con antecedentes).
-Mauricio Nahum Vargas, sentenciado a seis años por incendio y hurto agravado en la Procuración General.
-Gastón Velázquez, quien recibió cuatro años por tres hechos de daño agravado y hurto agravado en el STJ y la Legislatura.
En tanto, Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza y Nicolás Alejandro Díaz fueron condenados a un año de prisión en suspenso por distintos episodios vinculados a daños a bienes públicos y hurto de elementos en la Procuración General.
El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general Florencia Gómez, mientras que en la defensa intervinieron los abogados Miguel Moyano y Pablo Sánchez.
Contexto de violencia y agravantes
El fallo remarcó que los condenados aprovecharon la situación de violencia generalizada con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente. La sentencia también fijó que deberán afrontar las costas del proceso, calculadas en 110 JUS, lo que supera los seis millones de pesos.
El juez Allende coincidió con la acusación al señalar como “agravante genérico” el clima de violencia extraordinaria vivido en Rawson durante la discusión de la ley de zonificación minera. Subrayó que, mientras una parte de la población protestaba de manera pacífica, grupos violentos atacaron de forma simultánea edificios de los tres poderes del Estado, con la finalidad de “destruir y saquear”.
Además, se destacó la pérdida de documentación histórica, investigaciones judiciales y material sensible que no pudo recuperarse, lo que afectó directamente a personas con causas en trámite. Para el magistrado, la verdadera motivación de los acusados “no era oponerse a la ley, sino destruir y saquear, actuando con la convicción de su impunidad”.
Declaraciones insólitas
Durante el proceso también quedaron registradas defensas que el tribunal consideró poco creíbles. En el caso de Nicolás Alejandro Díaz, quien fue acusado de robar un bidón de agua de la Procuración, aseguró que lo había tomado para lavarse la cara tras recibir gas pimienta y que lo dejó en la esquina de la Legislatura. Sin embargo, las cámaras mostraron que ingresó al edificio junto a otros dos individuos y lo sustrajo intencionalmente.
Otro de los imputados, señalado por provocar daños en el STJ, intentó desligarse afirmando que “no había sido él” porque se encontraba al lado de quienes rompieron la persiana. Las pruebas fílmicas y la vestimenta secuestrada en su domicilio terminaron por confirmar su participación.
Las imágenes también evidenciaron que varios de los acusados aprovecharon la situación para llevarse computadoras, monitores y televisores, al tiempo que iniciaban incendios utilizando libros como combustible.
El fallo concluye que el 16 de diciembre de 2021 Rawson atravesó hechos sin precedentes: “El foco de violencia fue contra todos los edificios públicos simultáneamente, que quedaron a merced de los manifestantes”, lo que da cuenta de la coordinación de distintos grupos que actuaron con un propósito de destrucción y saqueo, cuyas consecuencias aún se sienten en la provincia.