Tenso cruce entre Sturzenegger y el presidente de la CAC por una medida judicial
En el medio de su discurso, Sturzenegger interpeló a Grinman para que retirara una medida cautelar interpuesta por una prohibición de aportes obligatorios, tildándolo de "casta". El empresario, ante la solicitud, respondió que se encontraban en democracia, lo que generó aplausos del público.
Luego del incidente, Grinman aclaró a Infobae que ni él ni la CAC se sintieron aludidos por la palabra "casta", destacando la centenaria trayectoria y el prestigio de la entidad. Afirmó que Sturzenegger está en su derecho de decir lo que quiera y que no hay motivo para enojarse. Grinman también reveló que Sturzenegger le había anticipado su intención de pedirle públicamente que levantara la cautelar.
Según el titular de la CAC, existe una confusión, ya que el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap) fue quien presentó la acción judicial, y no la CAC. Grinman explicó que Inacap es una entidad con personería jurídica y vida propia, que se dedica a capacitar a más de 500 cámaras a nivel nacional y que no es una cámara empresarial. También señaló que el ministro "se equivoca en el enfoque" y que Inacap se vio obligado a recurrir a la justicia porque el decreto 149 le impide cumplir sus objetivos estatutarios. Por último, mencionó que existen otros 30 o 35 institutos similares en otros sectores empresariales.
Durante su alocución, Sturzenegger había hecho referencia a "usar la justicia para mantener sus privilegios". El funcionario dijo: "Hace unos meses emitimos un decreto que prohíbe que los convenios colectivos pongan una suerte de impuesto privado que obligue los socios a hacer aportes, en este caso a las cámaras. Inacap, de la que la Cámara de Comercio es parte, hizo una presentación en la justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal. Mario (Grinman) te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar". El ministro continuó su reclamo sosteniendo que la mayoría de las organizaciones empresariales, como la construcción, Adeba y la Sociedad Rural, funcionan con aportes voluntarios.
En marzo, el Gobierno eliminó a través del decreto 149/2025 los aportes obligatorios a cámaras empresariales para empresas no afiliadas, que estaban incluidos en convenios colectivos. Uno de los ejemplos más destacados fue el aporte a Inacap, que desde 2008 cobraba el 0,5% del salario inicial de los trabajadores del sector mercantil. En marzo, este monto equivalía a $4.725 por empleado, lo que generaba un ingreso estimado de $5.600 millones mensuales, casi $70.000 millones al año, que con el decreto se volvieron pagos voluntarios. La medida fue justificada por el Poder Ejecutivo, que consideró que el sistema carecía de sustento normativo y vulneraba la libertad de asociación. Además, el Ministerio de Trabajo no homologará nuevos convenios que contengan este tipo de cláusulas.