Condena a Uribe en Colombia impulsa investigación en Argentina

La reciente condena de Álvaro Uribe a 12 años de prisión en Colombia por fraude y soborno de testigos volvió a poner bajo la lupa otros procesos judiciales en su contra, especialmente la investigación que se tramita en Argentina por su presunta responsabilidad en los “falsos positivos”: civiles asesinados por militares presentados como bajas en combate durante su mandato.

Esta semana, once víctimas y tres organizaciones de derechos humanos enviaron un documento al juzgado argentino que busca avanzar en la causa, demostrando que se cumple el principio de subsidiariedad exigido por la justicia local y solicitando la toma de declaraciones de los afectados.

Laura Piña, hija de una de las víctimas, afirmó que la intervención de Argentina “abre una puerta de esperanza” para más de 6400 personas que esperan justicia. La denuncia, presentada en 2023 bajo la jurisdicción universal, permite investigar crímenes de lesa humanidad, aunque hayan ocurrido fuera del país, si no se investigan efectivamente en su lugar de origen.

El caso, conocido como Caso Colombia, está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires, bajo el juez Sebastián Ramos, con la fiscalía de Carlos Stornelli. La causa se encuentra en etapa preliminar, a la espera de la decisión sobre si se abrirá formalmente la investigación.

Los denunciantes destacan que la justicia colombiana, a través de la Comisión de Acusaciones, no garantiza procesos imparciales ni efectivos, y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tampoco puede investigar a expresidentes. Por ello, recurren a la justicia argentina para que se reciba el testimonio de las víctimas y las organizaciones que las acompañan, quienes están dispuestas a viajar a Buenos Aires para aportar detalles sobre los crímenes.

Los hechos documentados en Colombia alcanzan 6402 asesinatos, de los cuales la denuncia argentina se centra en 6112 ocurridos entre 2002 y 2008, periodo en que, según los denunciantes, se tomaron medidas para detener la práctica criminal. La causa plantea un desafío histórico: juzgar a un expresidente por graves violaciones a los derechos humanos más allá de sus fronteras.