El juicio político a Raidan no tendría los votos en la Legislatura

Fuentes legislativas dijeron a Crónica que hay “inconsistencias” en la presentación. Tendría que “darse vuelta” un diputado del oficialismo.

La Asociación de Magistrados y el gremio Sitrajuch presentaron un pedido de juicio político en la Legislatura del Chubut, que será analizado la semana que viene por los nueve diputados que integran la comisión de Asuntos Constitucionales. El mecanismo legislativo establece que para que el juicio sea incluido en el orden del día debe contar con el aval de cinco diputados de esa comisión.

La diputada del Plich, Andrea Toro, quien integra la comisión de Constitucionales, adelantó ayer a Crónica que estarían de acuerdo con avanzar con el juicio político contra Raidan. Para que este pedido prospere se necesitan las voluntades de cuatro diputados más de las bancadas de Despierta Chubut y Arriba Chubut.

Los diputados que deberán tomar la decisión son Juan Horacio Pais, Emanuel Coliñir y Gustavo Fita del justicialismo, y Daniel Hollman, Andrea Aguilera, Paulina Hogalde, Sonia Cavagnini y Leitica Magaldi del espacio del gobernador Ignacio Torres.

En principio, según pudo saber este medio, el pedido de Magistrados y Sitrajuch presenta algunas cuestiones legales que lo hacen ver “inconsistente” por parte de algunos opositores. Si la denuncia estuviera dirigida contra el pleno del STJ, el asunto podría llegar a ser evaluado, pero tal como está presentado contra Raidan, no tendría mucha aceptación a primera vista.

En segundo término, aun si los diputados de la oposición de Arriba Chubut y el Plich decidieran dar curso al pedido de juicio político, se necesitaría un quinto voto de uno de los legisladores del oficialismo, algo que muchos ven difícil. “Tendría que darse vuelta uno”, comentan.

En el entorno de la Asociación de Magistrados entienden que hicieron lo que tenían que hacer, aunque no había mucha expectativa de lo que pudiera llegar a pasar con esta presentación. Desde el ámbito del gremio de los judiciales, confiaron al equipo de Crónica que no hablaron con ningún diputado y solamente esperan que “hagan que lo que tienen que hacer”.

La presentación de Magistrados y Sitrajuch llega al mismo tiempo que el Consejo de la Magistratura abrió un sumario contra el expresidente, el juez de Esquel Luis Petris, quien renunció tras una denuncia que salió a la luz.

Petris había denunciado a los ministros del STJ por una serie de hechos vinculados con incrementos de sueldos, designaciones de personal y la adquisición de vehículos. La denuncia penal, que desató una fuerte polémica, fue desestimada por el juez de Esquel, Carlos Richieri.

La Asociación de Magistrados y el Sitrajuch, ahora, decidieron avanzar con el pedido de juicio político en la Legislatura. Cabe recordar que Raidan fue propuesto por el gobernador Torres para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

El pliego, que salió aprobado este año, obtuvo una mayoría de 23 votos en la Legislatura de los diputados del oficialismo, Daniel Casal (Familia Chubutense) y los seis justicialistas presentes.

Los mismos integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales, que decidirán si le dan curso o no a la presentación, acompañaron la designación de Raidan, con excepción de Andrea Toro, quien estaría de acuerdo con su remoción.

La presentación

El pedido de juicio político a Raidan, que impulsan los abogados Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti —representantes legales de las entidades denunciantes— se funda en los hechos que se sucedieron a partir de finales de mayo y que derivaron en fuertes protestas al interior del Poder Judicial.

La Asociación de Magistrados sacó a la luz una serie de resoluciones con incrementos salariales por fuera de la Ley de Porcentualidad, que habían aplicado los ministros del Superior Tribunal de Justicia. La exposición de esto hizo que los empleados judiciales se levantaran en los tribunales de Chubut rechazando estos incrementos “discrecionales”.

Magistrados y el gremio también se encargaron de denunciar designaciones de personal, la remoción de dos empleados y la adquisición de vehículos 0KM y pasajes aéreos por parte de los jueces.

El conflicto fue escalando con protestas en las calles y varias reuniones entre los ministros del STJ y el Sitrajuch, en las que no llegaron a ningún acuerdo. Precisamente los dirigentes gremiales, en uno de estos encuentros, pedían hablar con el presidente Javier Raidan, pero este se encontraba en una audiencia en la cartera de Trabajo, de la cual al parecer no habían sido notificados.

En medio de esta puja, según exponen los denunciantes, el gobernador Ignacio Torres condenó los aumentos salariales de los ministros del STJ y ellos un par de días después derogaron las resoluciones y desistieron de esas sumas extra. El conflicto, que estaba en la arena judicial, fue escalando en el ámbito de la política y Magistrados tomó posiciones cada vez más duras contra el gobierno.

El pedido de juicio político se funda en estas supuestas “irregularidades” que Magistrados y el gremio de judiciales le endilgan al presidente del STJ, Javier Raidan. Así, los motivos del pedido de remoción apuntan a un “mal desempeño” de sus funciones, algo que los diputados ahora tendrán que evaluar.

“Raidan ha omitido, deliberadamente, respetar las previsiones legales en la designación de agentes en el Poder Judicial, y que ha tomado medidas con manifiesta arbitrariedad, tanto en la asignación de aumentos salariales a la cúpula del Poder, como en la disposición de los fondos que administra para organizar un dispendio injustificable en vehículos de lujo y viáticos exagerados”, dice la denuncia.

Por último, Magistrados y Sitrajuch no pasan por alto la cuestión de la relación del ministro de la Corte con el gobierno de Torres al que lo vinculan. “El sometimiento al Poder Ejecutivo que hemos descrito, con el consiguiente compromiso de la independencia judicial 69 y por ende de la imparcialidad del juzgador; la manipulación de la Constitución y de la ley mediante regulaciones domésticas que confrontan con aquellas; en fin, el deterioro visible del sistema que genera legítimamente desconfianza en los ciudadanos nos ha obligado a alertar al Poder Legislativo para que funcione como contrapeso de este desborde que compromete las instituciones republicanas”, dice el escrito.