Argentina
Nuevo protocolo para detectar casos de trata en fronteras
El Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones anunciaron la implementación de un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, busca reforzar en todo el país los mecanismos de prevención, investigación y asistencia a las víctimas de este delito.
El protocolo será de aplicación obligatoria en todos los pasos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos, y alcanzará tanto a agentes de Migraciones como a las Fuerzas Federales que actúan como Policía Migratoria Auxiliar —Gendarmería, Prefectura, PSA y Policía Federal— en el marco de la Ley 25871.
Por qué se actualiza el protocolo
La normativa reemplaza a la que estaba vigente desde 2012, ya que quedó desactualizada frente a cambios legislativos y a la evolución del delito. Según la ministra Patricia Bullrich y el director de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, en los últimos trece años se modificaron las dinámicas, modalidades y escalas de la trata, que hoy opera como un delito complejo, organizado y de alcance internacional.
Radiografía de las fronteras argentinas
Argentina cuenta con 237 pasos fronterizos: 95 terrestres, 103 marítimos o fluviales y 39 aéreos. El país limita con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, además de un extenso litoral fluvial y marítimo que forma parte de su perímetro de 14 493 kilómetros.
Nuevas tendencias de la trata de personas
El documento oficial alerta sobre transformaciones en las formas de captación y explotación:
- Digitalización: redes sociales, plataformas de citas y videojuegos, junto con el uso de criptomonedas y la dark web.
- Redes criminales transnacionales: uso de documentos falsos y cruces ilegales en corredores migratorios.
- Nuevas estrategias de coerción: drogas, amenazas a familiares y endeudamiento.
- Explotación laboral: especialmente en sectores informales y economías ilegales.
- Crisis y movilidad forzada: mayor riesgo para mujeres, menores, personas indígenas, migrantes y otros grupos vulnerables.
Marco legal y sanciones
El Código Penal prevé penas de 4 a 8 años para la figura básica del delito, que aumentan a 10 a 15 años en casos agravados, como cuando las víctimas son menores o hay participación de funcionarios. La ley garantiza que las personas rescatadas no sean penalizadas por actos cometidos durante su situación de explotación.