Caso YPF: Preska ordenó a la Argentina entregar chats de Caputo y Massa
La orden se conoció en el marco de una audiencia realizada en el juzgado de Preska, enfocada exclusivamente en la producción de pruebas (discovery) vinculadas con la eventual ejecución de la sentencia. La jueza resolvió pedidos que los demandantes habían presentado hace aproximadamente un año.
Entre las medidas ordenadas por Preska, se incluye la entrega de comunicaciones internas relacionadas con YPF y el Banco Central de la República Argentina, así como también la información contenida en dispositivos y cuentas personales de Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza autorizó además la producción de pruebas sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
Por su parte, el Estado argentino presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones para sostener la suspensión del fallo que obliga a ceder el control accionario de YPF. En ese documento, al que tuvo acceso el analista Sebastián Maril, el Gobierno advirtió que la ejecución del fallo “causaría un daño irreparable a la República” y “podría desatar un conflicto diplomático significativo” con Estados Unidos.
El escrito también señala que la medida “vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero” y contradice la legislación estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino. Además, sostiene que la suspensión favorece el interés público, ya que una ejecución afectaría a la empresa, sus accionistas y al conjunto de la población.
A pesar de que la causa se encuentra en etapa de apelación, desde el gobierno de Javier Milei señalan que ya se brindó “una extensa cooperación” en el proceso de discovery, entregando más de 100.000 páginas de documentos, incluyendo información sobre cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países.
Fuentes oficiales expresaron que la medida de discovery dispuesta por el tribunal de Nueva York “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina” y que “vulnera la soberanía argentina”. Además, cuestionaron el accionar de los demandantes y de su financiador, Burford Capital. “Es evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery”, indicaron. “Burford reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
El Gobierno informó que “está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa”