Disolución de Vialidad Nacional: gremios y referentes políticos denuncian riesgo para vidas y conectividad
El Gobierno nacional oficializó este lunes una profunda reestructuración en el sistema vial del país, que incluye el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Las funciones serán absorbidas por un nuevo ente regulador, mientras que el control de rutas quedará a cargo de Gendarmería. Las concesiones pasarán a manos privadas.
La medida generó un inmediato rechazo. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como "irracional" y denunció que implica "un castigo al desarrollo federal". En su cuenta de X, señaló: “Para La Pampa, esto significa más abandono. Ya denunciamos el estado crítico de nuestras rutas y recibimos solo silencio”.
También se sumó la diputada Vanesa Silley (UxP), quien llamó a movilizarse este martes frente a la sede central de Vialidad Nacional y acusó al Gobierno de llevar adelante un “desguace” que pone en peligro empleos y vidas. Además, apuntó contra los legisladores que aprobaron la Ley Bases: “Los superpoderes al Ejecutivo están destruyendo el patrimonio nacional”.
Desde la izquierda, Myriam Bregman consideró la disolución de Vialidad como “un acto criminal” y alertó por el deterioro de más de 40.000 km de rutas nacionales. "Hay más de 5.000 familias en total incertidumbre", remarcó.
El senador correntino Martín Barrionuevo también expresó su repudio: “¿Quién va a atender los más de 1.000 km de rutas nacionales en Corrientes? ¡Una locura!”.
Los gremios estatales manifestaron una fuerte oposición. Rodolfo Aguiar (ATE) advirtió que “se pone en riesgo la vida de millones de argentinos” y exigió que los gobernadores “den la cara” para frenar el decreto. En tanto, Graciela Aleñá, del sindicato STVyARA, acusó al presidente Javier Milei y a Federico Sturzenegger de avanzar en un modelo de privatización y negocios. “Nos vamos a morir en las rutas argentinas. Es una vergüenza”, lanzó.
Aleñá también denunció que se desviaron fondos del Impuesto a los Combustibles hacia fines ajenos a la infraestructura vial y subrayó que esto no es una simple reestructuración: “Es desmantelar la capacidad operativa del Estado para favorecer la tercerización”.
La medida será instrumentada a través de un decreto y supone uno de los cambios más drásticos en la política vial del país en las últimas décadas.
Con información de Ambito