2025-07-03

Cambios en el sistema de residencias generan rechazo en el sector de salud

La nueva normativa firmada por el Ministerio de Salud redefine el régimen de formación profesional con un esquema de becas, lo que generó preocupación en gremios y sectores vinculados a la salud pública. La medida se enmarca en un contexto más amplio de recortes y reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó el 1° de julio, mediante la Resolución 2109/2025, un nuevo Reglamento General para el Sistema Nacional de Residencias. El objetivo declarado es “financiar estratégicamente” las becas de formación según las políticas sanitarias vigentes. Sin embargo, profesionales y representantes gremiales advierten que esta modificación podría profundizar la precarización laboral de miles de residentes en todo el país.

El nuevo sistema introduce las “Becas Ministerio” y “Becas Institución”, lo que implica una mayor descentralización del proceso y reduce el rol directo del Estado nacional en ciertos nombramientos. Según los críticos, este esquema deja la puerta abierta a diferencias entre regiones y a situaciones laborales más desprotegidas.

El debate sobre el rol laboral del residente

Uno de los puntos que más controversia generó es la insistencia en definir a los residentes exclusivamente como “becarios” y no como trabajadores en formación, una distinción que no es solo semántica. El texto oficial remarca que los residentes no tienen relación laboral y que su actividad es parte de un proceso educativo, algo que organizaciones del sector consideran insuficiente para reflejar la carga horaria y las tareas que cumplen en los hospitales.

Los gremios señalan que, bajo este esquema, los residentes no cuentan con licencias plenas por enfermedad, vacaciones, ni cobertura ante accidentes, y que el contexto hospitalario en el que se forman presenta falta de recursos, infraestructura deteriorada y planteles reducidos.

Medidas anteriores y contexto más amplio

La Resolución 2109 se da en un contexto donde el sistema de salud pública ha sufrido una serie de modificaciones estructurales desde el inicio de la actual gestión. Entre las más relevantes, se destacan:

  • Recortes y despidos en hospitales nacionales como el Posadas o el Bonaparte.
  • Cierre del Instituto Nacional del Cáncer, con el argumento de reestructuración.
  • Salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, una medida inédita que generó fuertes reacciones en el ámbito internacional.
  • Desregulación de precios en medicamentos y prepagas, con impacto directo en los jubilados y beneficiarios del PAMI.
  • Congelamiento en las prestaciones por discapacidad, lo que ha complicado el acceso a terapias y transportes para personas con cobertura estatal.

Desde el Gobierno afirman que estas reformas buscan ordenar el sistema y reducir el déficit fiscal, priorizando la eficiencia y el gasto dirigido. No obstante, distintos actores del sistema sanitario sostienen que el riesgo de desfinanciamiento estructural amenaza la calidad y el acceso al derecho básico a la salud.

Reacciones y pedidos de revisión

Desde asociaciones médicas, agrupaciones de residentes y espacios sindicales, se vienen organizando asambleas y jornadas de protesta, pidiendo la derogación de la Resolución y una discusión participativa que contemple mejoras estructurales sin precarizar las condiciones laborales.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, así como colectivos que protagonizaron movilizaciones en 2023, reclaman mayor inversión pública, condiciones dignas de formación y un sistema sanitario inclusivo y federal.

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