Presión judicial por YPF: Argentina debe apelar en 15 días o entregar el 51% de sus acciones
El dictamen responde a una solicitud presentada por el fondo Burford Capital, que en abril de 2024 había requerido el control accionario como parte de las acciones judiciales contra el Estado argentino. En septiembre del año pasado, Argentina ya había sido condenada a pagar más de 16.000 millones de dólares por lo que la justicia estadounidense consideró un proceso defectuoso de nacionalización de la petrolera.
“La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden”, indica el fallo. También ordena al país que instruya a BNYM a realizar la transferencia de los derechos de propiedad sobre dichas acciones a los demandantes “dentro de un día hábil” después del depósito.
El analista financiero Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, fue quien confirmó públicamente la resolución a través de su cuenta de X. Según el especialista, “Argentina va a apelar, sin dudas”, y añadió: “Ahora deberá negociar, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer”. Maril también aseguró que “desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propietario no es el Gobierno, sino un fondo buitre”.
En su fallo, Preska argumentó que desde abril de 2012, “la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía”. La magistrada señaló que las partes reconocen que el Estado Argentino ha designado directores y aprobado iniciativas clave como accionista mayoritario.
La resolución de Preska se produjo a pesar de que en noviembre pasado, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Estado de Estados Unidos había advertido que aceptar el pedido de Burford violaría la Ley de Inmunidad Soberana. En ese entonces, el fiscal Damian Williams solicitó que se rechazara la orden de “turnover” al considerar que afectaría a un bien soberano del país ubicado en su propio territorio.
Aunque el fallo de Preska puede ser apelado, los tiempos son estrechos. Si no se presenta una apelación dentro del plazo previsto, Argentina estará obligada a transferir las acciones, con consecuencias institucionales y económicas de largo alcance.
Redactado en base a información de los periodistas Sebastián Catalano y Agustín Maza para el medio Infobae.