El Gobierno endurece la política migratoria y habilita el cobro en salud y educación
El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley 25.871 que regula la política migratoria en Argentina. A través del DNU 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se establecen cambios significativos: se endurecen las condiciones para la permanencia en el país, se restringe el acceso a la ciudadanía y se habilita el cobro por servicios públicos de salud y educación superior a extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
En materia sanitaria, el decreto aclara que los residentes permanentes mantendrán el acceso gratuito al sistema público, mientras que los demás extranjeros deberán presentar un seguro de salud o abonar previamente el servicio, salvo en casos de emergencia.
En cuanto a la educación, la norma establece que los estudios de grado en universidades estatales seguirán siendo gratuitos para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. Las instituciones podrán cobrar aranceles a quienes no cumplan con esa condición, aunque se prevé la posibilidad de becas por convenios o estatutos.
Sobre el acceso a la residencia, se introduce una mayor rigurosidad. Los interesados deberán demostrar medios económicos suficientes y no tener antecedentes penales. Además, se limita el valor de la residencia precaria, que ya no servirá para acreditar arraigo ni para solicitar la nacionalización.
También se actualizan criterios sobre la reunificación familiar, que se mantiene pero con plazos limitados y bajo supervisión de la Dirección Nacional de Migraciones, que podrá otorgar o revocar permisos según los casos.
Pese a los cambios, el decreto sostiene que no se podrá negar el acceso a la educación inicial, primaria o secundaria a ningún extranjero, sin importar su situación migratoria, y garantiza atención sanitaria ante emergencias.
Nuevos requisitos de ingreso al país
La norma endurece el régimen de ingreso al territorio nacional. Ahora, los extranjeros solo podrán entrar por pasos habilitados (terrestres, fluviales, marítimos o aéreos) y deberán presentar una declaración jurada de motivos y un seguro de salud.
También se amplía el listado de motivos para rechazar el ingreso, entre ellos:
- Haber cometido delitos dolosos (en Argentina o en el exterior).
- Presentar documentación falsa o adulterada.
- Omitir antecedentes penales.
- Haber sido condenado a más de 3 años de prisión, sin importar si se cumplió efectiva o condicionalmente.
- No demostrar una oferta laboral efectiva o exceder el plazo de estadía.
- Ingresar por pasos no habilitados o sin controles migratorios.
La Dirección Nacional de Migraciones podrá imponer una prohibición de ingreso mínima de cinco años, que podrá extenderse según la gravedad del caso.
Deportaciones y retiro de residencia
La reforma también modifica el régimen de deportación y revocación de residencia permanente. Quienes cometan delitos dolosos podrán perder la residencia, tanto temporaria como permanente. También se perderá el estatus migratorio si la persona:
- Permanece fuera del país más de un año (residencia permanente) o seis meses (residencia temporaria).
- No declara domicilio en el país.
- Desnaturaliza los motivos de ingreso.
- Facilita el ingreso o permanencia irregular de otros extranjeros.
Además, se crea una instancia previa a la expulsión llamada “retención”, que permitirá a las autoridades migratorias impedir el movimiento de personas en proceso de deportación.
Naturalización: más estricta y con requisitos económicos
La legislación también endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina. Solo podrán solicitarla personas mayores de 18 años que hayan residido de forma continua al menos dos años, y deberán acreditar medios económicos suficientes y no tener antecedentes penales.
Como excepción, se podrá acceder a la nacionalización sin cumplir el plazo de residencia si se realiza una inversión relevante para la economía nacional, que será evaluada por el Ministerio de Economía.
Reunificación familiar, bajo supervisión
Se mantienen los procesos de reunificación familiar, pero con mayores restricciones: habrá plazos limitados y la Dirección Nacional de Migraciones podrá otorgar o revocar permisos según los antecedentes o situación migratoria de los solicitantes.