Echaron a una empleada judicial por acumular 400 días de licencia y trabajar en otros organismos

El caso podría derivar en una causa penal por perjuicio económico al Estado. La investigación se inició en mayo de 2024 por orden del coordinador de Recursos Humanos de la Procuración General, Esteban Aliani. El sumario permitió constatar un patrón de ausencias reiteradas justificadas con certificados médicos y licencias extraordinarias entre los años 2019 y 2023. Además, se determinó que la mujer se había trasladado a Neuquén durante la pandemia sin dejar de percibir su sueldo como empleada judicial de Río Negro.

Los oficios remitidos por la AFIP y la ANSES confirmaron que la empleada de nombre Paula P. prestaba servicios también en la Municipalidad de San Martín de los Andes y en la Obra Social de Petroleros Privados, en simultáneo con su cargo judicial, lo que constituye una violación del régimen de incompatibilidades vigente.

El informe final de los instructores del sumario concluyó que la conducta de la trabajadora infringió los artículos 8 inciso a) y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 5731, además de la Ley de Ética Pública N° L3550. La mujer intentó justificar su accionar alegando desconocimiento de la normativa y problemas personales.

La resolución fue dictada el 12 de febrero de 2025. El Superior Tribunal también ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que analice si corresponde iniciar una causa penal por el cobro de salarios durante los períodos en que no prestó funciones.