El Ejecutivo Nacional presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos durante los incidentes registrados frente al Congreso.

"Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía", publicó Cúñeo Libarona en su cuenta de X. Y agregó: "No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad".

La jueza Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, dispuso la liberación de más de 110 personas horas después de su detención. De los 114 aprehendidos, 94 fueron arrestados por la Policía de la Ciudad bajo las acusaciones de atentado y resistencia a la autoridad.

Cúñeo Libarona cuestionó la rapidez en la liberación: "En lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones". El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó a las críticas: "Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada".

Fundamentos de la jueza Andrade

En su resolución, Andrade señaló: "A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión".

Agregó que "la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación".

Daños y heridos tras los disturbios

Los incidentes comenzaron cuando la Policía intentó aplicar el protocolo antipiquetes. Grupos de barras bravas se sumaron a la manifestación y arrojaron piedras y proyectiles contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Los enfrentamientos se extendieron por más de tres horas.

El saldo fue de 46 heridos, incluidos 26 efectivos policiales. Entre los lesionados se encuentra el reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno y permanece internado en estado crítico.

Asimismo, se registraron daños en seis móviles y dos patrulleros, cuyo costo fue estimado en 55 mil dólares cada uno por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad