Presentan en el Congreso un pedido de informes por el destino de los fondos del INACAP

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de informes en el Congreso de la Nación para investigar el destino de los millonarios fondos que recauda el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). La iniciativa surge tras la publicación del Decreto 149/2025, que convirtió en voluntario el aporte empresario para la capacitación en el convenio de Comercio.

Pagano denunció que no hay rendición de cuentas sobre los fondos recaudados y acusó a las entidades gremiales patronales de beneficiarse con cada aumento salarial: “Este sistema tiene de rehenes a todos los comerciantes y alimenta a la casta gremial empresaria”, apuntó.

Un sistema millonario sin control público

El INACAP recibe aportes obligatorios desde 2008, a partir del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, homologado por la Secretaría de Trabajo. La contribución es del 0,5% del salario de la categoría Maestranza “A” inicial y aumenta con cada paritaria. Con 1,2 millones de empleados de comercio registrados, la recaudación mensual se estima en más de $5.600 millones y anual en unos $70.000 millones.

En marzo de 2025, la cuota del INACAP por cada trabajador ascendía a $4.725,02. Sin embargo, la legisladora libertaria advirtió que no hay transparencia sobre el destino de esos fondos: “Si a una provincia le transfieren solo $12 millones al año, pero el INACAP recauda miles de millones, es indispensable investigar en qué se usa el resto del dinero”, sostuvo.

Un ejemplo de esta situación es San Juan, donde los empleadores aportarían unos $70 millones al mes al INACAP por 15.000 empleados registrados. No obstante, según declaraciones del presidente de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) transfiere solo $1 millón por mes a la federación para repartir entre nueve cámaras socias.

Sospechas de desvío de fondos y cuestionamientos al sistema

Un pedido de investigación ya fue elevado a la Secretaría de Trabajo bajo el expediente EX-2024-106669857-APN-SSGA#MCH, presentado por el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos). Según esa denuncia, existiría una red de cámaras empresarias de dudosa representación que recibirían dinero del INACAP sin contar con una actividad real en el sector.

Pagano también cuestionó el rol de la CAME dentro del sistema: “Esta entidad participa de la paritaria, de reformas laborales y hasta de encuentros con la OIT, pero a la vez tiene fallos en su contra por trabajo en negro”, denunció.

Con la entrada en vigencia del Decreto 149/2025, los aportes al INACAP dejaron de ser obligatorios a partir del 28 de febrero. La medida generó malestar en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que sostuvo en un comunicado que estos fondos “no solo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para cientos de cámaras empresarias en todo el país, que de otro modo probablemente no podrían subsistir”.

Para Pagano, esto deja en evidencia el escaso interés del empresariado en sostener un sistema que no los representa: “Según los registros, hay asociaciones de calles y avenidas que recibían fondos del INACAP. Esto expone la existencia de una casta gremial empresaria que obliga a los comerciantes a financiar un esquema sin transparencia”, concluyó.