Jueces por decreto: el Gobierno confía en el criterio de la Corte y se desliga de la batalla en el Senado

“La semana que viene, con todo”, aseguró un interlocutor de Casa Rosada y el Senado que anticipa una avalancha de la oposición en pos de rechazar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema designados por decreto. En Balcarce 50 no delinean ninguna estrategia para frenarlo y se desentienden de lo que pueda pasar en la Cámara alta: confían en que el máximo tribunal va a aprobar la licencia al juez Ariel Lijo para tomarle nombramiento y que, en un eventual rechazo de los pliegos, ellos igual se mantendrán en su puesto hasta el 30 de noviembre.

En el Senado buscan impulsar una sesión para tratar los pliegos la próxima semana. Todavía no hay un pedido concreto y, según fuentes parlamentarias, están evaluando si les conviene proceder con un dictamen para el pliego de Manuel Garcia Mansilla. Esto es porque, al no tener dictamen, el pliego del catedrático requiere primero de dos tercios para emplazar la comisión de Acuerdos. Lo único certero es que, en este caso, si reúnen las firmas será para después desplazarlo.

El caso del juez federal es distinto, puesto que su pliego sí tiene dictamen de comisión: solamente con 37 para el quórum y mínimo 25 votos en contra, lo rechazan. Su dictamen cuenta con tres firmas de Unión por la Patria, pero del bloque opositor aseguran que se abroquelarán para rechazarlo porque la idea es bloquear la designación de cualquier candidato que acepte asumir ante la Corte por decreto. Lo mismo planteó Pablo Blanco, de la UCR, sobre García Mansilla: dijo que él pensaba apoyar el pliego del magistrado, pero que ahora colaboraría para bajarlo.

El Senado tiene la potestad última de aprobar o rechazar a los jueces. A pesar de que las diversas interpretaciones que surgieron en torno a la facultad constitucional que tiene el Presidente de proceder, excepcionalmente, por decreto; la Corte Suprema avaló la designación de Mansilla al tomarle inmediatamente (y sorpresivamente) juramento la semana pasada. Era algo que en el Congreso veían inviable, en línea con los antecedentes del fallido intento del expresidente Mauricio Macri.

En Casa Rosada consideran que la Corte hará lo mismo con el caso de Ariel Lijo, quien se pidió licencia en el juzgado federal 4 de Comodoro Py y está a la espera de que el máximo tribunal lo autorice: esto sucederá el jueves 6 de marzo. En el Gobierno consideraron que la demora fue una cuestión burocrática, ya que los jueves es cuando habitúan reunirse. El aplazamiento le costó que el juez federal no acuda a la apertura de sesiones ordinarias.

El accionar de la Corte enviará un mensaje claro para el Senado, en donde todavía no determinan cómo proceder. Los legisladores sostienen que si rechazan los pliegos, los jueces deberán dejar ipso facto su puesto frente al Supremo; pero en Casa Rosada son optimistas con que eso no va a suceder y que, de mínima, se garantizan a ambos candidatos hasta el 30 de noviembre, cuando venza el nombramiento en comisión. El que tendrá la potestad de decidirlo será la propia Corte, que tendría mayoría con Lijo, Mansilla y Lorenzetti.

Una experta senadora ya había anticipado, en diálogo con BAE Negocios, lo que avecinaba si el Máximo Tribunal eventualmente funciona con jueces rechazados por el Senado: “Van a dejar a la Argentina en una terrible crisis de sus instituciones. La Corte va a ser acusada de ser ilegal. ¿Los fallos de esa Corte son válidos? ¿Quién dirime el conflicto entre dos poderes? La propia Corte”, analizó.

En Balcarce 50 se desligaron de ese problema: “No es un problema nuestro”, dijo una alta fuente del Gobierno, a horas de que la Corte decida sobre la licencia de Lijo. Creen que, en cualquier caso, el que tendrá que pagar el costo es el Senado y la propia Corte.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se mantiene al margen de las conversaciones. Según pudo saber este medio de su entorno, ella está a la espera de que el Ejecutivo le comunique una estrategia: “No pueden ser tan ingenuos", dijeron. Sin embargo, de avanzar, la oposición dejará a Villarruel frente a la derrota de los jueces y, por lo pronto, no hay ánimos de intervenir en el Senado.

El senador Ezequiel Atauche, jefe de bloque libertario, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, son quienes se comunican con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, para maniobrar en la Cámara alta, en donde tienen una mínima guardia de seis.

Los gobernadores serán sus mejores aliados, como ya demostraron en varias oportunidades. La semana que viene acelerarán reuniones y, para ese entonces, Lijo ya podría ser juez de la Corte.