2025-02-09

Procesan a exdirectivos de la aerolínea Sol por la tragedia aérea de 2011

La Justicia Federal de Bariloche procesó a exdirectivos y gerentes de la desaparecida aerolínea Sol S.A. por su responsabilidad en el accidente ocurrido en mayo de 2011, cuando un avión se estrelló en la Patagonia y causó la muerte de 22 personas, entre ellas 19 pasajeros y tres tripulantes.

 

El juez federal subrogante Gustavo Villanueva determinó que la aeronave no estaba en condiciones de volar y que la empresa permitió su despegue a pesar de sus deficiencias. Entre las irregularidades detectadas, se encontraron el incumplimiento de dos directivas de navegabilidad, la falta de un equipo de comunicación adecuado, la ausencia de capacitaciones para los pilotos y la autorización del vuelo sin un informe meteorológico actualizado.

Los procesamientos alcanzaron a 11 personas, incluido el expresidente de Sol, Horacio Angeli, los exmiembros del directorio Horacio Darre y Gustavo Cebreiro, así como gerentes y coordinadores de la compañía. Se los acusa de poner en peligro la seguridad de la aeronave, agravado por la tragedia que derivó en la muerte de sus ocupantes. La pena prevista para este delito va de 10 a 25 años de prisión.

El vuelo y la tragedia

El vuelo 5428 despegó del Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén a las 20:05 del 18 de mayo de 2011 con destino a Comodoro Rivadavia. La nave, un Saab 340A pilotado por Juan Raffo y Adriano Bolatti, se encontró con severas formaciones de hielo durante el trayecto, lo que derivó en el accidente en la localidad de Caltrauna, Río Negro.

La investigación determinó que, si bien hubo errores en las maniobras de la tripulación ante las condiciones climáticas adversas, la aeronave ya presentaba fallas previas que aumentaron el riesgo del siniestro. De hecho, una de las grabaciones recuperadas del vuelo reveló que el copiloto Bolatti advirtió: "No sirve este avión para esta ruta, pero no lo quieren entender".

El lugar donde se estrelló el avión 

Un largo proceso judicial

El caso pasó por varias instancias judiciales. En 2019, los acusados fueron sobreseídos, pero la Cámara Federal de General Roca revirtió la decisión y ordenó nuevas pruebas. En 2021, se decretó la prescripción de la causa por estrago culposo, pero en 2023, la Cámara de Casación determinó que debía investigarse un delito más grave.

A diferencia de otros procesos, la fiscalía no participó activamente en la causa. La entonces fiscal María Cándida Etchepare consideró que la responsabilidad recaía exclusivamente en los pilotos y se apartó de la investigación. En consecuencia, la causa avanzó por impulso de la querella de los familiares de las víctimas.

Los peritajes confirmaron que el avión se precipitó debido a una grave acumulación de hielo en diversas partes de la aeronave. Sin embargo, también se concluyó que hubo fallas en la operación: la tripulación no desconectó el piloto automático a tiempo, no mantuvo la velocidad mínima requerida y no utilizó toda la potencia disponible, lo que contribuyó a la pérdida de sustentación.

Fallas estructurales y responsabilidades

El fallo judicial determinó que la empresa incumplió normas esenciales para la seguridad del vuelo. Entre las deficiencias más graves, se identificaron:

  • Falta de mantenimiento adecuado en las hélices.
  • Ausencia de un sistema de comunicación HF obligatorio.
  • Incomunicación con el Centro de Control de Área en un tramo del trayecto.
  • Falta de capacitación e instrucciones adecuadas para la tripulación.
  • Despegue sin un informe meteorológico actualizado.

El juez Villanueva concluyó que la aeronave no era segura para volar y que la negligencia de la empresa contribuyó directamente a la tragedia.

Los acusados y las medidas judiciales

Además de Angeli, Darre y Cebreiro, los procesados incluyen a Danilo Pojmaevich (exgerente de Operaciones), Hugo Rodríguez (coordinador de Instrucción), Jorge Costales (gerente de Recursos Humanos y director del Centro de Capacitación), Jorge Herrera (inspector principal operativo), Gustavo Daneri (gerente de Mantenimiento), Héctor Morbidoni (gerente de Producción), Paolo Marino (inspector de Mantenimiento) y Mario Parrello (despachante de vuelo). A todos se les impuso un embargo de entre 235 mil y cuatro millones de pesos.

Por otro lado, Stefano Angeli, exmiembro suplente del directorio, y Héctor Cichitti, operador de la Oficina de Notificación al momento del accidente, fueron sobreseídos.

El fallo aún puede ser apelado ante la Cámara Federal de General Roca.

Con información de Infobae

Te puede interesar