Discapacidad en emergencia: “El gobierno estableció en el presupuesto del año que viene la baja de casi 178 mil pensiones”

El miércoles 20 de noviembre, organizaciones, instituciones, personas con discapacidad, familiares y amigos se reunirán en la Residencia de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, a las 10 AM para realizar un abrazo simbólico a la Quinta Presidencial. A la movilización federal, también se suman las provincias de Rosario, Tucumán,  Mendoza y Córdoba.

La movilización tiene como objetivo visibilizar la grave situación que atraviesa el sector y entregar al presidente Javier Milei un petitorio con una serie de demandas. Entre los principales reclamos se destacan la eliminación del Decreto 843/24, el aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025, la creación de una Ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad, el cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado y una vigilancia constante sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para garantizar el acceso a los pasajes para personas con discapacidad.

Pensiones No Contributivas

Pablo Molero, referente del Foro, habló con Crónica sobre la necesidad de eliminar el Decreto 843/24, el cual representa un retroceso en la adjudicación de Pensiones No Contributivas, al volver al criterio de "Pensión por Invalidez Laboral", dejando de lado a muchas personas con discapacidad. Este cambio podría poner en riesgo el acceso a un recurso fundamental para su atención y calidad de vida.

“El gobierno estableció en el presupuesto del año que viene, la baja de casi 178 mil pensiones, pero lo que más nos preocupa de todo esto, es el modo en que se vienen haciendo las cosas”, señaló Molero.

“Desde la época de Néstor Kirchner se aplicaron las pensiones con una mirada mucho más amplia, que abarcaba tanto la discapacidad como la pobreza. Con las resoluciones del presidente Fernández, también se amplió el criterio para que no se otorgaran solamente por incapacidad laboral. Ahora, el gobierno ha sacado un decreto que, según dicen, vuelve al espíritu de la ley, es decir, a la incapacidad laboral”, explicó.

Molero destacó que, si bien no está en contra de las pensiones por incapacidad laboral, considera que el sistema debería ser más inclusivo, dado que la discapacidad implica una serie de gastos adicionales que van más allá de la incapacidad laboral, como costos de atención, traslados y apoyos, que no siempre están cubiertos por los servicios de salud.

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad apoya este reclamo, ya que estos derechos deben ser garantizados. “La pensión ayuda a cubrir no solo la incapacidad laboral, sino también todos los costos que implica vivir con una discapacidad", subrayó Molero.

Continuó diciendo que “el problema es que ahora se cambian las reglas de juego, y muchas personas con discapacidad quedarán fuera del sistema. Lo más preocupante es que el gobierno podría argumentar que este sistema era corrupto, pero nunca se ha reconocido que anteriormente hubo una política más inclusiva para que las personas pudieran acceder a un apoyo vital para su vida”, agregó.

Aranceles

Otro de los puntos preocupantes que señaló Molero es el estado de los aranceles prestacionales, los cuales deberían ajustarse a los costos reales de los servicios institucionales, profesionales y de transporte. Actualmente, los aranceles no se actualizan conforme a la inflación ni a los aumentos salariales, lo que está generando una grave crisis en el sector.

“Los aranceles de las prestaciones cubiertas por obras sociales, prepagas y el estado están desactualizados. Hoy, con lo que se paga de arancel, los transportistas solo cubren el 50% de sus costos, y la mayoría de las instituciones que brindan estos servicios solo cubren el 60% de sus costos. Es una situación alarmante”, explicó.

Cupo laboral y trabajo en Talleres Protegidos

En relación al ámbito laboral, Molero insistió en la necesidad de que se cumpla con el Cupo Laboral en el Estado, establecido por ley, y la recomposición del salario de los trabajadores en los Talleres Protegidos, “que actualmente es de $28.000 sin ningún aumento desde febrero de 2023”.

“No hay una política concreta sobre el trabajo de las personas con discapacidad. El Estado está obligado por ley a tener un porcentaje de cupo laboral y la verdad que no vemos que se cumpla. Sabemos que no es la solución para todas las personas con discapacidad, pero no deja de ser un gesto que por ley se estableció para que el Estado tenga que cumplir con tener un cupo del 4% a nivel nacional de personas con discapacidad trabajando, que hoy con suerte llega al 1%”, concluyó.