Cerca de siete de cada diez familias hicieron recortes en su alimentación en el último año en el país
Un estudio a nivel nacional ha revelado un dato alarmante: “El 65% de las familias argentinas ha reducido sus gastos en alimentación en el último año”. Este análisis abarcó 49 políticas de cuidado y mostró que solo 7 se mantienen vigentes, 18 están en riesgo y 24 han sido desmanteladas. La falta de intervención del Estado tiene un impacto directo en los sectores más vulnerables.
La alimentación se ha convertido en la principal preocupación, aunque las necesidades abarcan todas las áreas de la vida cotidiana. El informe número 3 de La cocina de los cuidados, que funciona como un espacio intersectorial desde marzo, tiene como objetivo seguir de cerca e informar sobre las políticas gubernamentales en el ámbito del cuidado. Este espacio está conformado por organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, académicos, funcionarios y legisladores de diversas corrientes políticas.
El efecto de la reducción del Estado en políticas esenciales se siente con mayor intensidad en niños, jóvenes y personas mayores. Algunos hallazgos clave del estudio revelan que, en los hogares con niños, el 67% de las familias enfrenta más dificultades para conseguir vacantes en espacios de cuidado y jardines.
En los hogares con adultos mayores, el 76% de las familias reporta un aumento en los costos de medicamentos no cubiertos por el PAMI, y el 74% afirma tener menos ingresos para contratar servicios de cuidado para estas personas. La situación es similar en los hogares con personas con discapacidad, donde el 85% de las familias ha notado un aumento en los precios de los medicamentos, y el 64% se enfrenta a mayores dificultades para acceder a terapeutas. Además, la mayoría de las familias ha informado de una disminución en la disponibilidad de tiempo para atender a estas personas en los últimos seis meses.
Entre los sectores más desprotegidos, el 57% de las familias que asisten a comedores barriales o escolares dijo haber encontrado menos comida. Cuando se les pregunta si la situación empeoró el 74% de las mujeres no duda y responde que sí, mientras un 57% de los hombres perciben que están peor y debieron ajustar la alimentación de toda la familia.
El perfil de los encuestados
Una radiografía de las personas que respondieron la encuesta indica que 7 de cada 10 personas son sostén de hogar o toman decisiones económicas en su hogar. Sobre los ingresos, un tercio declaró que la suma de ingresos de su hogar no supera los $300.000 mensuales. Casi un cuarto reúne entre $300.000 y $600.000 de ingresos familiares. Sólo un 20% suman hasta un $1millón por mes.
Al indagar cómo definiría su situación laboral actual, 4 de cada 10 personas dijo estar ocupado/a y el 25% tener una jubilación o pensión. Un 26% manifestó estar desocupado/a: se trata de una proporción mucho mayor a la de la tasa actual de desempleo medida por el INDEC, con más incidencia en la juventud y en quienes tienen menor nivel educativo. Quienes declararon tener menor nivel de ingresos totales en su hogar viven en barrios populares o conviven con alguna persona con discapacidad.
Según el estudio La cocina de los cuidados: “El 55% de las familias dijo que no le alcanzan los ingresos totales y mensuales de su hogar. Incluso quienes residen en barrios privados/cerrados el porcentaje que dio esta respuesta ‘no me alcanzan’ fue significativo (58%)”.
En relación a los ingresos, para un 43% la situación empeoró y para un 24% es igual de mala. Para un 14% es igual de buena y para otro 14%, mejoró. Para estas últimas familias la razón esgrimida fue “el control de la inflación” que les permitió “hasta ahorrar” u “organizar mejor los gastos”. Entre quienes empeoró o es igual de mala la inflación se escuchan testimonios como estos “la subida constante de precios” la causa principal de que “no me alcanza para pagar expensas, alquiler, transportarme y comer todos los días”, “me quedé sin trabajo y sin ingreso, “sufrí un despido”.
La realidad es contundente, la pobreza en Argentina es del 52,9%, son 11 puntos porcentuales más que en 2023. “Hay 5.500.000 nuevos pobres. Nos encontramos en un escenario similar al de la post crisis del 2001”, vaticinó el informe.
Modificaciones en la alimentación
Al preguntar a las personas si en el último año han tenido que hacer cambios o reducciones en su alimentación o en la de su familia, el 65% de los encuestados respondió que sí. En los barrios más vulnerables, esta cifra se eleva a 8 de cada 10 residentes, siendo significativamente mayor en los hogares donde viven personas mayores.
Todos han tenido que adaptarse, no solo en cuanto a la comida. "Se vive con lo justo. Dimos de baja cable, el teléfono fijo y ya no hay salidas" (mujer de entre 46 y 60 años, de Buenos Aires). Por otro lado, un joven bonaerense de 16 a 29 años compartió: "me afecta teniendo un almuerzo de mala calidad" (hombre de 16 a 29 años, de Buenos Aires).
El estudio se realizó a través de 1730 encuestas telefónicas en todo el país. Un 8% de los encuestados mencionó recibir asistencia o refuerzo alimentario de algún comedor escolar o barrial. De estos, casi 6 de cada 10 afirmaron que este año hay menos alimentos disponibles en comparación con el anterior.
La vivienda
“La mitad de las personas/hogares residen en zona urbana, en barrios con trazado de veredas y servicios (52%). En el otro extremo, un 5% en un barrio privado/cerrado social. El 13% mencionó que su vivienda está en un barrio popular o asentamiento o en un barrio con viviendas sociales (10%). El 8% reside en zona rural. Se destaca que entre quienes viven en barrios populares o de vivienda social, hay mayor presencia de personas mayores e hijos/hijas a cargo”, puntualizó.
En el análisis, el estudio planteó: “Las definiciones expresadas por el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto 2025 cristalizan el desarme y el “castigo” a las políticas que sostienen la vida. Hoy se sostienen un puñado de 7 medidas y políticas aisladas, insuficientes en un escenario que muestra señales de daño social estructural. Sobre 49 políticas de cuidado relevadas, 24 están derogadas o desmanteladas y 18 están en peligro… Se consolida como “sentido común” del gobierno que el pago de intereses de la deuda y el equilibrio fiscal tengan más relevancia y condicionen el acceso a derechos sociales. Esto se traduce en daño para las personas con menos recursos que cuidan y son cuidadas”, expresó el estudio.
Una análisis profundo de “La cocina de lo cuidados”, planteó: “Esta situación se materializó a partir de un conjunto de medidas adoptadas: el veto a la fórmula de movilidad que buscaba recuperar en parte la pérdida real de ingresos de jubilados y jubiladas; el tope fijado a la negociación salarial (2%) y la inmovilidad de las ayudas monetarias al universo pequeño y cerrado cubierto por el ex Potenciar; el precio de las tarifas de servicios de agua, transporte, electricidad y la eliminación de esquemas de subsidio para sostener el acceso a servicios mínimos (garrafa) en barrios populares; la concreción de la modificación regresiva del impuesto a las ganancias −ingresos medios− y la exigencia de reempadronamiento al esquema de protección ofrecido por el monotributo social, por mencionar las destacadas de este período”, señaló.
Ya nada es como era. “Son muchas las causas que generaron en simultáneo, el cierre de establecimientos, las suspensiones y los despidos −la mayoría del sector privado− y un panorama complejo de expectativas en el mantenimiento de los puestos de trabajo explican el escenario y la percepción de un presente en el que todo empeoró y en el que se cercena y reprime todo ejercicio de defensa y demanda por derechos consagrados y necesidades básicas”, concluye parte del informe. (BAE Negocios)