Las transferencias a provincias volvieron a caer, pero CABA fue la más favorecida

El Gobierno nacional ratificó en septiembre su decisión de aplicar un ajuste en las transferencias discrecionales o no automáticas a las 24 jurisdicciones subnacionales, con una caída interanual del 67,5% en términos reales que, de no haberse favorecido a un distrito en particular, hubiera sido aún mucho mayor.

Los datos aportados por la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía dan cuenta de giros en todo el mes pasado por un total $ 280.948 millones en los recursos pagos, un 87,3% de los devengados, que en el mismo mes alcanzaron a $ 321.941 millones.

Aumenta la deuda con las provincias

Esa brecha entre lo pagado y lo devengado implica un incremento de la deuda nacional con las provincias de $40.993 millones, con lo que el acumulado en nueve meses asciende a $158.937 millones que, una vez pagados, dejarán en evidencia uno de los ejes del ajuste, como es la “licuadora”: por efecto de la inflación, esos fondos pasan a tener un valor real inferior al original.

A diferencias de las transferencias automáticas (Coparticipación, leyes especiales y compensaciones por el Consenso Fiscal), las discrecionales o no automáticas no se rigen por criterios de distribución preestablecidos y sueles estar sujetas a criterios políticos de la administración nacional de turno, o bien por sucesos imprevistos que incidan en la asistencia extraordinaria a una provincia en particular, como incendios, inundaciones u otras catástrofes.

Un distrito favorecido

El reparto de las transferencias no automáticas de septiembre mostró a la Ciudad de Buenos Aires como el distrito más favorecido en el reparto, $ 207.961 millones que representaron el 74,02% del total.

Esa diferencia respecto de las 23 provincias se explica por el pago de $ 189.561 millones en concepto de deuda por la Coparticipación Federal, luego del acuerdo parcial al que se arribó, aunque aun la Ciudad reclama el pago del 2,95% en forma diaria y automática.

A considerable distancia, la provincia de Buenos Aires fue la segunda de la lista, con $ 49.185 millones, seguida por Neuquén ($ 3.293 millones) y Santa Cruz ($ 2.582 millones).

A pesar de haber sido afectada por incendios en gran parte de su territorio, Córdoba se ubicó en el quinto puesto con $ 2.483 millones.

Todos perdieron

Politikon Chaco destacó que “todas las jurisdicciones subnacionales cerraron septiembre con descensos reales tanto en la instancia devengada como en la pagada”, incluida la Ciudad de Buenos Aires que, a pesar de los recursos señalados, tuvo una caída real interanual del 9,5% en el devengado y 11,5% en el pagado.

La peor situación le correspondió a La Rioja, con derrumbes reales en doce meses del 99,3% en la etapa devengada y 99,2% en la pagada.

La entidad dirigida por Alejandro Pegoraro puso de relieve que, además de La Rioja, otras siete provincias tuvieron caídas en la etapa pagadas de más del 95% interanual, “lo que implica una virtual desaparición de fondos para esos distritos”.

Ese listado de las provincias más perjudicadas se integra con Entre Ríos (-97,3%), Santa Fe (-97,9%), Formosa (-98,1%), San Luis, La Pampa y Chubut (-98,3% en los tres casos) y Río Negro (-98,7%).

Las razones del recorte

Desde el momento de su asunción, el presidente Javier Milei priorizó a las transferencias no automáticas dentro de su plan de “motosierra” al gasto público, ya que al no estar sujetos a leyes que obliguen su ejecución, son uno de los recursos más fáciles de recortar.

Con el recorte a las transferencias discrecionales, vinieron también los acuerdos tácitos con los gobernadores más afines para que las provincias acompañen a la Nación en la política de reducción del gasto, al punto que, a pesar de la abrupta caída de los giros, se espera que todas las jurisdicciones (con la excepción de Buenos Aires) finalicen 2024 con superávit financiero.

Dentro del paquete de recursos englobados en las transferencias no automáticas, se encuentran las obras públicas que el Estado nacional solía realizar en las provincias, ya sea vía transferencias de capital o de recursos corrientes para que sean ejecutadas por las administraciones locales.