Balochi: “El servicio eléctrico de la ciudad ha sido puesto en riesgo por la propia cooperativa”

Luego de conocerse que la Cooperativa de Servicios Públicos de Sarmiento (Coopsar), denunció penalmente al intendente Sebastián Balochi y cinco concejales al negar una actualización tarifaria, que según señalan desde la entidad, pondría en riesgo la provisión de energía en la localidad, el jefe comunal decidió responder a las acusaciones.

Así, en diálogo con Crónica, Balochi manifestó que “en primer lugar nosotros negamos categóricamente que haya alguna intencionalidad por parte del Ejecutivo municipal de entorpecer o poner en riesgo el servicio eléctrico de la ciudad de Sarmiento. El servicio eléctrico de Sarmiento ha sido puesto en riesgo por la propia cooperativa, ya hace muchísimos años, desde el momento que hace más de 10 años que no se paga la factura que viene todos los meses de Cammesa, con lo cual esto ha generado una deuda y sumado a la falta de transparencia en la gestión de los distintos directorios y en el actual, que ha imposibilitado que se pueda iniciar un camino de reestructuración de todo el problema que tiene la institución”.

En este marco, apuntó que “lo que más nos preocupa es que este tipo de acciones no van a terminar en nada positivo, porque no resuelven el problema. Lo único que hace es deteriorar aun más las relaciones que tienen que tener con el poder concedente, con el Concejo Deliberante”.

Además, aclaró que “la Carta Orgánica dice que sólo nos tienen que notificar al Poder Ejecutivo sobre cualquier pedido de tarifa, se hace una audiencia pública con doble lectura en el Concejo Deliberante, y establece la obligación del Concejo de darle tratamiento, lo que no significa que nuestra Carta Orgánica establezca una obligación de resultado en cada uno de los concejales. Me parece hasta extorsivo en algún punto, porque el Concejo Deliberante está dando tratamiento al pedido que ellos hicieron y se le ha ido dando a través de los años tarifa, pero el problema no es ese, acá hay una cuestión de base que es la falta de transparencia”.

En referencia a ello, afirmó que “no puede ser que no solamente con nuestra gestión, sino con gestiones de gobierno anteriores, aun estando nosotros en dos gestiones diferentes, tampoco pudieron resolver y tener un buen canal de diálogo que les permita avanzar en cuestiones positivas con la entidad. El problema no es ni de este intendente, ni de esta gestión, ni de la Municipalidad, sino que es de la propia cooperativa”.

Una multa diaria de un millón de pesos

Asimismo, el jefe comunal planteó sobre la actual conducción de Coopsar que es “una conducción muy violenta, que no reconoce la institucionalidad. Han hecho dos traspasos de costos, mínimo, violando la Carta Orgánica, desconocimiento la actuación del Concejo, porque cualquier modificación de la tarifa la tiene que aprobar el Concejo, y eso motivó que haya un amparo presentado como el que presentó el intendente Biss (Rawson). La Justicia le ha ordenado retrotraer el traspaso de costos y han desobedecido una orden judicial y todo esto ha hecho que tengan una multa diaria de un millón de pesos, con lo cual deben llevar acumulados 100 millones de pesos y sin embargo esto sigue sin definirse”.

Ante ello, el intendente advirtió que “si hay algún marco de responsabilidad penal, no nos corresponde a nosotros, sino a la propia entidad. Hay un cuestionamiento muy fuerte con el manejo de fondos que recibe esta cooperativa por el pago de energía, porque el aumento del valor del kilovatio se ha hecho violando la Carta Orgánica y aun así no se le está pagando a Cammesa. Si la razón de ser del traspaso de costos es pagarle a Cammesa, qué se hace con esa plata, por qué no hay inversiones si ha aumentado la facturación con la tarifa como la han modificado, esto llama la atención obviamente”.

“No descartamos la intencionalidad política”

También, consideró que “no descartamos la intencionalidad política, la actual conducción ha sido un rejunte de dirigentes que han fracasado en elecciones y también obviamente los abogados que antes asesoraban a la municipalidad en el periodo anterior, que estaban del otro lado del mostrador, incluso en causas judiciales, hoy están en la cooperativa, generando cuestiones que no tienen ningún tipo de andamiaje”.

En este contexto, mencionó que “esto es la denuncia que han presentado en la justicia penal, pero hace pocos días recibimos un reclamo administrativo donde no tienen siquiera un objeto claro de qué es lo que se reclama, hacen una diferenciación de tarifa que tendrían que tener mes a mes con lo que cobra Cammesa, pero hay que recordar algo: hasta el periodo 2022 ellos habían hecho un reclamo judicial, en la gestión anterior, que nosotros asumimos y la cooperativa desistió de ese juicio, desistió de esa acción, y del derecho, con lo cual volver a reclamar lo mismo no tiene ningún tipo de sustento legal”.

“Va a tener consecuencias”

A partir de esta situación, el intendente dijo que “la Asesoría Legal del Municipio ya está trabajando para contestar en los tiempos legales que correspondan. Es una opinión mía, pero difícilmente tenga andamiaje en el marco de la justicia ordinaria. Nos vimos sorprendidos porque siempre privilegiamos el diálogo y la institucionalidad, pero forma parte de este estilo de conducción violenta, que pone en riesgo permanentemente la sustentabilidad del servicio de energía, que extorsiona en un punto a los concejales, mandando cartas documento diciendo que si no aprueban nos hacen responsables del perjuicio a la cooperativa, como si los concejales o el intendente fuéramos quienes gerenciamos el servicio de energía”.

Bajo este panorama, subrayó que “la deuda de más de 8 mil millones de pesos que seguramente debe tener ahora ante Cammesa, no la generó el intendente ni la generó el Concejo Deliberante, y tampoco se ha reestructurado por la actual conducción, entonces es gravísimo lo que están haciendo y va a tener consecuencias”.

En virtud de ello, recordó que “la abogada que está detrás de todo esto, es quien fue asesora del Municipio cuando el anterior intendente inició un juicio de daños y perjuicios a diez abogados, incluido el juez civil, y hoy el Municipio tiene que pagar alrededor de 600 millones de pesos de honorarios, entonces ojalá que a la cooperativa no le pase lo mismo, pero mi experiencia dice que el camino y derrotero puede ser muy similar”.

"Deberían renunciar”

El intendente aseguró que “cuando no hay transparencia, es campo fértil para que sucedan todas estas cosas y algunos se lleven la mayor ganancia, que seguramente no va a ser ni la cooperativa ni la Municipalidad. Se pone en riesgo incluso hasta las propias fuentes laborales. Nosotros siempre vamos a luchar desde el Municipio para que la cooperativa, en la parte de energía, sostenga los puestos de trabajo y que sea una empresa sana, que le permita sostener los otros más de 50 empleados que tienen”.

Finalmente, afirmó que “deberían renunciar todos los integrantes del directorio de Coopsar y llamar a elecciones, dejar que gente que ame a la institución y que no esté pensando en cómo dañar al Ejecutivo o al Legislativo, sino que tenga vocación de diálogo y de recomponer una institución madre, trabaje en el mejor esquema de gestión del servicio de energía con la Municipalidad. Estos esquema de apriete, estos esquemas de iniciar reclamos judiciales, penales y civiles, no llevan a nada bueno, deberían terminarse”.