El gobierno nacional creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva
El gobierno de Javier Milei creó ayer el “Comando Unificado de Seguridad Productiva” que funcionará baja la órbita del ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich.
Según se estipula allí, este nuevo comando tiene por objetivo ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves económicos estratégicos del país como Vaca Muerta o la zona portuaria de Rosario y Bahía Blanca.
Entre los considerandos de la medida se advierte que hay sectores de la economía que requieren de una seguridad especial, debido a “su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos”.
Mientras, la cartera que conduce Bullrich recordó que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias (como) Bahía Blanca, San Lorenzo-Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales”.
En definitiva, lo que busca el gobierno de Milei es limitar el derecho a la protesta de los trabajadores y prepara una fuerza especial para reprimir eventuales planes de lucha gremiales mientras las políticas lanzadas desde la Casa Rosada siguen licuando salarios y jubilaciones.
La cartera de Seguridad indicó además que “la protección física de los individuos y los bienes de las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas se ha convertido en una importante demanda ciudadana”.
Por todo ello, el Ministerio conducido por Bullrich llegó a la conclusión de que “resulta oportuno y conveniente crear el Comando Unificado de Seguridad Productiva, a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.