Javier Milei vetó “de manera total” la ley de jubilaciones que aprobó el Congreso
En la noche del viernes y luego de reunirse con diputados y senadores del oficialismo y de la oposición aliada, el presidente Javier Milei firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso de la Nación, confirmando la decisión que hiciera pública antes que la norma lograra el apoyo legislativo.
De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, el veto total del presidente se dio bajo la explicación de que “sería un golpe a las cuentas fiscales” del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo.
La rúbrica llegó luego de la reunión que el presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.
En el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Se agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado basándose en un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al presidente- y al plan de inversiones públicas”.
Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución, no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
"La medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año", se sostiene.
Al mismo tiempo, se destaca que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación”, producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión.