Luciana Ferreira: “Nosotros tenemos que estar pensando en todos; en el taxi, en el remís, en el que trabaja con la plataforma y en los ciudadanos”

En la ciudad, el tema candente de las últimas semanas ha sido el debate entre taxistas-Uber. La discusión ya se había llevado al Concejo Deliberante, pero esta vez las partes involucradas reclaman acciones directas para avanzar en soluciones. Se abre el debate y la cuestión es a quiénes van a favorecer las normativas que reglamenten los ediles.

Este fue el punto de partida de la concejal Luciana Ferreira, de Juntos por el Cambio, en la última sesión del Concejo, quien manifestó que hay que “dar una respuesta que contemple las necesidades de toda la gente, siempre dentro del marco de la legalidad”, destacando que hay que buscar soluciones “en mira de una convivencia”. Crónica conversó con la concejal para ahondar sobre el tema.

“Tenemos que trabajar en un proyecto que incluya las plataformas digitales y que incluya la modernización de los servicios de taxis y de remises, de manera que puedan competir sanamente con las plataformas digitales”, señaló Ferreira.

Asimismo, expresó que desde su lugar el objetivo es trabajar por “una normativa que permita la convivencia de dos, tres o cuatro sistemas que sirven y son necesarios para el ciudadano”, teniendo en cuenta que “los Uber, los Cabify y todas estas plataformas digitales existen acá y en el mundo, y no van a dejar de existir porque evidentemente satisfacen una necesidad”.

Proponen avanzar en la regulación del servicio

La semana pasada el Concejo Deliberante aprobó algunas de las modificaciones propuestas por los taxistas y remises para comenzar a aliviar los costos del servicio, disminuyendo las exigencias impositivas y los requisitos para funcionar. En ese sentido, el Bloque de Juntos por el Cambio decidió no acompañar el artículo 63 que planteaba elevar las multas el mismo margen que rige para las faltas graves, entre 40.000 y 100.000 módulos, es decir hasta un millón de pesos.

Respecto a esto, Ferreira sostuvo que “hoy por hoy Uber es una fuente de trabajo para mucha gente, entonces imponer una multa en estas condiciones no tiene sentido” y resaltó que “con imponer una multa no estamos solucionando el problema. Estamos supuestamente tratando de ayudar a un sector, que son los remiseros y taxistas, pero en detrimento de otro sector que crece y que va a seguir estando”.

Luciana Ferreira, concejal del bloque de Juntos por el Cambio.

Considerando la inserción de las plataformas de servicios a nivel global, la concejal manifestó que “todas las plataformas van a seguir existiendo y se van a incrementar, es inevitable”. En Comodoro ya se estima que más de 1.000 personas son conductores de Uber, siendo cientos quienes utilizan el servicio.

Es por eso que Ferreira resaltó que también es necesario entender que “la verdad es que es imposible controlarlo”. “Cuando estuvimos reunidos con el Poder Ejecutivo, con la gente de la Dirección de Transporte, ellos claramente nos dijeron que es imposible controlar esto. Vos podés poner un retén con un control de tránsito y demás, pero es imposible llevar un control para evitar que la actividad prolifere, básicamente por la cantidad de Ubers que hay”, manifestó.

“Creo que hay que sentarse con todos y trabajar en esto”

La propuesta de la concejal no es una idea sacada de la galera, ya que es algo que se discute en distintos puntos del país y del mundo. En Argentina cada localidad a la que ha arribado Uber ha comenzado el debate sobre cómo avanzar, ya sea hacia la prohibición o a la regulación del servicio.

Ferreira menciona que aún no se tienen las respuestas sobre qué se debe hacer en Comodoro, ya que “cada ciudad tiene su realidad y eso va a imponer una solución” pero ante este contexto afirmó que “hay que sentarse con todos y trabajar en esto”.

En esa línea, remarcó que “de esa manera nosotros (los legisladores) podemos cumplir con la función que tenemos, que es tratar de garantizar los altos niveles de seguridad y calidad del servicio”.

“Hay que tratarlo con seriedad, hay que sentarse a leer, sentarse con la gente y ver qué es lo que mejor funciona, ver de qué manera se crea un convenio entre el Estado y las aplicaciones para que tributen, que para mí eso es lo más importante”, destacó.

Finalmente enfatizó que “habrá que sentarse con la gente, hay gente que se enojará, pero también habrá que escuchar y no creo que sea imposible encontrar la forma de que esto funcione bien para todos. Lo que pasa ahora es que cada cual defiende su quinta pero nosotros no podemos estar hablando de eso, nosotros tenemos que estar pensando en todos, tanto en el taxi y en el remís, como en el que trabaja con la plataforma que es gente que vive de esto, como en los ciudadanos que son los que usan el servicio y les sirve”.

En ese sentido, Ferreira manifestó que junto a la concejal Jimena Bórquez ya se encuentran avanzando en un proyecto alternativo que de a poco comienza a tomar forma, buscando ser una opción que favorezca a todas las partes.

“Cuando la gente ve que no tiene respuesta de parte del Estado es cuando empiezan los problemas”

La concejal Luciana Ferreira es abogada y desde ese lugar se refirió a los distintos fallos que han ido surgiendo en el país, pero también a la necesidad de trabajar el tema a conciencia pensando en el contexto local. “En varias provincias ya hubo pronunciamientos, en CABA se declaró ilegal, porque lo que está habilitado hoy por hoy es el transporte de pasajeros si tenés la licencia o habilitación del Estado, si vos no tenés eso estás fuera del marco de la ley. Pero por otra parte, hay una tesitura de que lo que no está prohibido está permitido, de eso es que ellos sostienen que no se puede equiparar al transporte de taxis y remises, porque es un transporte entre privados y que por lo tanto no requieren la habilitación del Estado”, explicó.

A pesar de ello, manifestó que es sumamente importante que “en casi todos los fallos que hay, se hizo una sugerencia por parte del Poder Judicial que resolvió esos casos respecto a que hay que reglamentar. Porque actualmente es ilegal, pero está y va a seguir estando, entonces hay que reglamentarlo”, sostuvo.

Para ello, manifestó que lo primero que se necesita que “es que se aggiorne la normativa” ya que “la Justicia dicta su sentencia en base a la norma que existe, pero la norma que existe es obsoleta, ya no se condice con la realidad, ni con las necesidades de la sociedad”, señaló.

En ese sentido, remarcó que hay muchas formas de que el Estado se involucre, de forma de que todas las partes sean beneficiadas. Además, volvió a destacar que es necesario un trabajo minucioso porque “hay un vacío normativo” y “son distintas cosas las que hay que regular. Hay que considerar todo lo que se genera cuando vos regulás, todos los problemas que se empiezan a suscitar. Se abren un abanico de cosas que hay que pensar y repensar, que no podemos hacer en una semana”, enfatizó.

El punto central para la concejal es que el contexto amerita un abordaje integral: “Todos sabemos del clima que hay en la calle, creo que en cualquier momento va a pasar algo y nosotros no podemos esperar a que la gente haga justicia con mano propia porque nosotros no nos sentamos a ver qué podemos hacer”.

“Cuando la gente ve que no tiene respuesta de parte del Estado, que es quien tiene que dar la respuesta que están pidiendo y buscando, cuando eso no pasa, es cuando empiezan los problemas. Eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta y es por eso que hay que tratarlo”, concluyó.

Un repaso de la pelea de Uber por establecerse en la región: ¿Prohibir o regular?

En consideración de lo que está aconteciendo en Comodoro Rivadavia, es pertinente ahondar en el contexto de las plataformas digitales que brindan servicios, tales como Uber, Pedidos Ya y similares. La irrupción de estas empresas no puede negarse, ya que cada vez obtienen más masividad.

En Argentina y el mundo, Uber mantiene abierto el debate sobre la competencia, la inclusión de las tecnologías en los ámbitos laborales y, sobre todo, la necesidad de actualizar las normativas y regulaciones a un contexto en el que, aunque se reniegue de las plataformas, no se puede negar su existencia.

¿Qué sucede en otros puntos del país?

Uber desembarcó en Argentina en 2016, luego de arribar en Uruguay en 2015, en ambas instancias se trató con un fuerte rechazo por la resistencia de los taxistas y remiseros. Aun así, no sucede lo mismo por parte de la comunidad, quienes se han sumado como usuarios al sistema que ofrece la plataforma.

A partir de allí, las distintas provincias han comenzado a llevar adelante la discusión por su propia cuenta, siendo Buenos Aires uno de los epicentros de la discusión. En CABA, la Justicia declaró ilegal a Uber determinando que “viola numerosas regulaciones y que el actuar del Gobierno (porteño) ha sido correcto al realizar controles de tránsito impidiendo la actividad de la mencionada empresa”, manifestó el juez Víctor Trionfetti, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 15 de CABA.

De manera contraria, en Mendoza, la Legislatura sancionó la Ley de Movilidad sancionada que habilita el “transporte privado por plataforma”. En la misma se establece que los conductores de las plataformas deben tener licencia profesional y estar inscriptos en un registro provincial con CUIT. Además, se deben asegurar las 12 horas diarias de descanso.

Sumado a esto, cada plataforma debe solicitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y los autos no deben contar con más de 5 años de antigüedad, con un seguro especial. Asimismo, el Estado mendocino cobra un canon por el uso de la infraestructura vial pública.

En otras localidades como Río Cuarto, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, San Fernando del Valle de Catamarca, San Luis, Formosa y Concordia (Entre Ríos) Uber ha desembarcado en los últimos meses de 2023 y ya se han iniciado los procesos de debate sobre cómo abordar la problemática.

Desde la organización argentina CIPPEC -el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento- Javier Madariaga menciona que “regular los sistemas de transporte a través de plataformas digitales es un derecho y una responsabilidad de todo gobierno” y que hacerlo “permitirá abordar la realidad de las transformaciones tecnológicas actuales dentro de un sistema de transporte integral para aprovechar las oportunidades que estos nuevos modelos ofrecen y al mismo tiempo mitigar sus efectos no deseados”.

En otros lugares del mundo también se avanza en la actualización de normativas

En distintos países del mundo se avanza en la legislación y la regulación de estos nuevos servicios que se han introducido al sistema de transporte. Muchos países han avanzado con una perspectiva similar a la planteada por el CIPPEC, con más o menos resistencia, pero considerando que es algo inevitable y muy complejo de controlar, siendo la prohibición una solución que se queda corta. Ante eso, se buscan diversas alternativas.

Por ejemplo, en Indonesia, el Ministerio de Transporte planteó una tarifa mínima y una máxima para taxis y para aplicaciones, de modo de contrarrestar las ventajas que puede tener Uber por los valores variables según la demanda.

En Latinoamérica también se ha avanzado en la regulación. En La Paz, Uber funciona desde 2017 bajo el reglamento municipal de servicio privado de transporte de pasajeros contratado mediante plataformas tecnológicas. En México se decretó, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), que por cada viaje se debe destinar un 1,5% para un fondo especial destinado a mejoras tanto de servicio de taxis como de malla vial; además, todos los conductores de plataformas deben estar registrados en el Semovi.

En Estados Unidos no se ha tomado una posición unánime, sino que en cada estado se han planteado soluciones acordes a cada contexto. Por ejemplo, en algunos se solicitan tarifas por coche para poder operar, mientras que en otros casos, se ha solicitado el pago de un porcentaje por cada viaje realizado.

En el caso de California, el servicio se encuentra legalizado por las normativas y se ha puesto como condición que las empresas ofrezcan un seguro mínimo variable entre 50.000 y 100.000 dólares en caso de muerte o lesiones. Aun así, la discusión continúa ante las reformas laborales que propone el Estado, ya que se plantea que Uber debe considerar a sus conductores como empleados; una discusión que también se da en Argentina tanto para Uber como para otras aplicaciones.

Tanto taxistas y remiseros, como los conductores de Uber, piden que se evalúen sus situaciones. De ambos lados se encuentran trabajadores que buscan llevar un sustento a su hogar.

Por otro lado, en Australia también se avanzó en la legalización de las plataformas de transporte, pero con las consideraciones que merece el caso. Se establecieron mayores requisitos para ser conductor, los cuales son controlados por el Gobierno; también se bajaron tarifas impositivas para los taxis, de modo que sus costos se redujeron a la mitad. Además de esto, la regulación designó paradas específicas para Uber, de modo que no puedan levantar pasajeros en la calle o en paradas de taxis.

En todos los casos, se piensa en los tres grandes involucrados en la problemática: los taxis, los conductores de Uber y los usuarios. Se trata de un tema complejo que requiere intervenciones integrales que respondan a la necesidad de trabajo de los conductores, pero que también atienda a la necesidad de las comunidades de acceder una mayor oferta en el servicio de transporte.