Desde una fundación advierten los graves peligros del Sistema de Licitación en la pesca

En virtud del tratamiento de la Ley Ómnibus, desde la Fundación Misión Atlántico decidieron sentar postura, sobre el perjuicio que ocasionaría al Sistema de Licitación de Pesca.

En este sentido, precisaron que “a pesar de las manifestaciones públicas realizadas por diferentes autoridades políticas no se ha modificado el régimen de licitación propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la denominada ‘Ley Ómnibus’ que obtuvo dictamen favorable de mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación. La propuesta del gobierno resulta altamente regresiva y tiene entre otras graves consecuencias”.

De esta manera, detallaron que la ley fomenta la concentración económica, provocando despidos y desempleo. “Por ejemplo, 10 barcos factorías, empleando a 300 personas en total, podrían capturar las 300.000 toneladas permitidas de merluza, desplazando a miles de empleos en más de 150 barcos fresqueros y congeladores y en las plantas de fileteado” indicaron.

Plantearon que esto genera la entrada de nuevos poseedores de cuotas o su concentración garantiza la sobreexplotación y afecta irreversiblemente nuestro mar y su biodiversidad.

Además de ello, manifestaron que “producirá una reducción de la recaudación. Ya que los mayores ingresos obtenidos por la subasta de cuotas no compensarán las pérdidas en concepto de DEX, impuestos, cargas sociales, cánones de extracción y otros tributos que conlleva el sistema actual” y agregaron “ocasionará primarización y disminución de las exportaciones. Al no haber incentivos para el valor agregado en el país, llevando a los nuevos poseedores de cuotas a optar por exportar productos primarios”.

También, expusieron que con la ley “se reemplaza un sistema “meritocrático”, por una simple oferta económica. El sistema actual, previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca, considera empleo, inversiones, mayor procesamiento, historial y ausencia de infracciones; en cambio, el nuevo solo tiene como parámetro la cantidad de dinero ofrecido”.

Asimismo, “afecta la industria naval nacional. El solo anuncio del proyecto ha generado un escenario de incertidumbre que afecta gravemente a la industria naval, provocando la caída de contratos y paralizando la construcción de embarcaciones”, mientras que “se vulnera la soberanía argentina sobre la Zona Económica Exclusiva. Dejándola a merced de intereses extranjeros y privados”.

Sumado a todo esto, afirmaron que atenta contra la construcción de capacidades científico-técnicas nacionales. Pone en peligro la sostenibilidad de las pesquerías y la preservación de los ecosistemas. Favoreciendo un modelo extractivista altamente predatorio y desinteresado en el cuidado de nuestros bienes comunes ambientales.

Al mismo tiempo, aseveraron que “afecta los intereses provinciales y las economías de aquellas comunidades costeras que ejercen la pesca artesanal de manera tradicional” y deslizaron que “atenta contra la soberanía alimentaria. La ausencia de regulaciones y la consagración de criterios exclusivamente mercantilistas propiciará el aumento de precios y la colocación de la totalidad de lo producido en mercados externos”.

En vistas de todo ello, desde la fundación coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero destacaron “abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se consagrará un modelo absolutamente predatorio e insostenible que ocasionará un aun mayor deterioro de nuestro mar.

Por ello, desde Misión Atlántico, solicitamos a nuestros legisladores a actuar en defensa de los intereses nacionales y de nuestro mar”.