Dos mujeres policías fueron cesanteadas por “causas armadas” pero la Justicia las sobreseyó y sus reclamos de restitución no son atendidos

Ni el anterior ministro de seguridad provincial Federico Massoni ni el actual Miguel Castro las han escuchado: dos mujeres policías de la provincia del Chubut fueron cesanteadas de la Fuerza hace más de 7 años por causas que, según denuncian, fueron “armadas por un oficial jefe al que actualmente tienen recluido en Tecka” y cuando éste era jefe de la Comisaría Distrito Laprida de esta ciudad.

A la par que las denunciaban ante la Justicia penal con una fiscalía que empezó a investigar tales denuncias, a través de Asuntos Internos de la institución policial les iniciaron sumarios internos y las pasaron a disponibilidad, y con el tiempo directamente las cesantearon.

Se trata de las suboficiales Verónica Salvo y Yamila Gudiño, quienes en diálogo con Crónica manifestaron su preocupación y disconformismo tanto con las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad encabezadas por Miguel Castro y quien lo secunda Néstor Rubén Becerra, como con el jefe de la policía del Chubut, César Ricardo Brandt.

“No es la primera vez que debemos afrontar gastos para viajar a Rawson y nos ningunean y nos maltratan; hace años venimos reclamando ser reincorporadas y nos tienen a las vueltas, y no quieren recibirnos pese a que han estado incorporando gente en varios lugares de la provincia. Se hacen los distraídos desobedeciendo una disposición judicial” manifestó a este diario, Verónica Salvo, quien era agente de segundo año con prestación en Comisaría Laprida cuando le radicaron la denuncia presuntamente por haber golpeado a una compañera.

Salvo es madre de dos hijos de corta edad y su marido falleció en 2017, el mismo año en que fue destituida. Una de las reclamantes se gana la vida como Uber con un auto prestado, y la otra trabaja “en negro” en un comercio. Ni siquiera una carta documento enviado a las autoridades mencionadas hizo escuchar esos reclamos, incluso advirtiendo sobre una demanda al Estado provincial por daños y perjuicios que, actualizada, resultaría una suma de dinero onerosa para el Estado provincial. “Otra vez nos volvimos de Rawson con las manos vacías y la misma incertidumbre” indicó Salvo.

Dicen sentirse humilladas por las autoridades tanto del Ministerio de seguridad como de la Jefatura de policía.
“La Justicia nos sobreseyó y ordenó nuestra restitución y ellos hacen oídos sordos, y eso que el ministro Castro está promulgando la ‘Ley Micaela’ en la provincia, que es contra la violencia y el abuso hacia las mujeres ¿No es contradictorio todo esto? Eso es lo que ellos están haciendo con nosotras”, dijeron entre otras duras declaraciones las dos mujeres que solicitan, ni más ni menos, que las restituyan a sus respectivos puestos laborales en la Policía del Chubut.